SANTIAGO, Chile (AP) — El gobierno chileno evalúa el cierre de la prisión de Punta Peuco, exclusiva para represores que atentaron contra los derechos humanos durante la dictadura y considerada por muchos como una cárcel de lujo, confirmó el portavoz del gobierno chileno el sábado.
Marcelo Díaz indicó que «es una materia que se encuentra en evaluación», en declaraciones durante un acto de homenaje al periodista y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) José Carrasco Tapia —fallecido durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«Lo que corresponde es esperar a que termine la evaluación que se está haciendo por parte del Ministerio de Justicia. Una vez que esa evaluación y todos los análisis que correspondan se hagan, se va a tomar una decisión», afirmó el portavoz, quien señaló que será la presidenta Michelle Bachelet quien la tome.
Las afirmaciones se producen en el momento en que se alzan cada vez más voces para solicitar el fin de los privilegios a los represores de la dictadura y del cierre de la prisión que alberga a 103 reos condenados por violaciones a los derechos humanos.
También se dan en el día en que el periódico La Tercera hizo público un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en que se analizan las condiciones especiales de la prisión.
Canchas deportivas, celdas con televisores de 42 pulgadas y televisión satelital son alguno de los privilegios destacados en el informe, que afirma que el penal cuenta con una sala multiusos, biblioteca y sala de computación, además de dos canchas de unos 20 por 40 metros cuadrados habilitadas como canchas de tenis.
También describe que las celdas son «amplias, con excelentes condiciones de iluminación y ventilación, además de baños y estantes para sus artículos personales» y que junto a los «artefactos eléctricos que se encuentran en la cocina y comedor de los módulos, los internos en sus celdas tienen televisores con pantalla plana, televisión satelital, frigobares, entre otros», reportó La Tercera.
El informe concluye que «en términos generales, la infraestructura y equipamiento observado da cuenta de condiciones materiales adecuadas y que no posee ningún otro establecimiento penitenciario del país».
Pese a esto, el gobierno insistió en que «no hay beneficios que no debería haber al interior de un recinto penitenciario», como señaló esta semana la ministra de Justicia Javiera Blanco, quien añadió que es un penal «como cualquier otro».
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado constantemente el cierre de la prisión, peticiones que se han intensificado tras las recientes muertes de Manuel Contreras en agosto —creador de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía represiva de Pinochet_, y el exagente de la misma, Marcelo Morén Brito el viernes.
«Qué pasa con el cierre del penal Punta Peuco, qué pasa con terminar con esa operación de encubrimiento que significa que es otro más que se va sin decir nada, es otro más al que se le ampara institucionalmente como se les hizo en los años de dictadura», afirmó Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en reacción a la muerte de Morén Brito.