BOGOTA, Colombia (AP) — El presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jímenez, Timochenko, se verán este miércoles en La Habana durante un histórico encuentro previo a un posible anuncio sobre un convenio sobre el régimen de justicia que va a regir a quienes dejen las armas y que podría ser el paso previo para la firma de un acuerdo de paz definitivo.
«La paz está cerca«, dijo Santos antes de viajar de forma sorpresiva a Cuba adonde llega «para reunión clave con negociadores con el fin de acelerar el fin del conflicto», escribió en un tuit.
Timochenko, cuyo paradero hasta ahora se desconocía, llegó a La Habana según las fotografías publicadas por la guerrilla en su cuenta de Twitter.
En las últimas horas, Colombia ha sido un hervidero de rumores ante la posibilidad de que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hubieran alcanzado un acuerdo sobre el polémico punto relacionado con la justicia transicional: las condenas que deberían pagar los líderes guerrilleros por abusos cometidos en contra de los derechos humanos.
De confirmarse el acuerdo, se habría superado el punto más espinoso y quizás el último obstáculo antes de llegar a un acuerdo final para poner fin a medio siglo de conflicto interno que ha incluido sangrientos combates, muertes, desplazamientos, y secuestros, alimentados por el tráfico de las drogas.
El anuncio llegaría después de que el papa Francisco visitara Cuba y advirtiera en la homilía del domingo que esta es la última oportunidad para alcanzar la paz. El pontífice agregó que las partes que no tienen el derecho a fracasar en esta, su mejor oportunidad de paz en décadas.
Después de tres años de negociaciones, las partes llegaron a acuerdos sobre una reforma agraria, la participación política para los guerrilleros que dejen las armas y la forma de combatir conjuntamente el tráfico de drogas.
El 20 de julio, como un gesto de buena voluntad respecto del proceso de paz, las FARC iniciaron un cese unilateral al fuego que ha reducido la violencia política en el país a niveles también históricos. Paralelamente, la guerrilla participa conjuntamente con soldados colombianos en un plan para la eliminación de miles de minas antipersona terrestres sembradas por los rebeldes en algunas zonas del país.
Pero en medio de estos gestos simbólicos un tema ralentizaba los avances: cómo castigar a los comandantes de las FARC, protagonistas de salvajes matanzas, desplazamientos y secuestros de colombianos, que en algunos casos tuvieron de años de duración.
El gobierno colombiano insistió en que no habría impunidad y, a la vez, que se quería proteger el acuerdo final de paz del Derecho Internacional y de los convenios internacionales que Colombia ha ratificado.
Este martes Santos dijo que «no todo el mundo va a quedar contento, pero estoy seguro de que a la larga será mucho mejor», apuntó durante un acto público.
Las FARC, movimiento armado compuesto hoy por unos 6.400 guerrilleros cuando hace algo más de una década eran más de 20.000 según cálculos oficiales, han insistido en que no pagarán un día de cárcel y que no dejarán el campo de batalla para ser tratados como criminales, en contra de lo que han pedido organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.
Han dicho que sólo pasarían por la cárcel si junto a ellos va la cúpula militar, y los empresarios y políticos que financiaron a los grupos paramilitares, también responsables de masacres, desplazamientos, extorsiones y secuestros.
El gobierno se ha esforzado por insistir en que su marco de la llamada justicia transicional no representa impunidad para los crímenes de la guerrilla, como el secuestro de civiles, el reclutamiento forzoso de niños y la participación en el tráfico de drogas, motivos por los cuales algunos miembros de la cúpula de las FARC han sido procesados en Estados Unidos.
Ante el rumor de un posible acuerdo, sectores conservadores del país han reaccionado con contundencia ante lo que consideran la rendición del gobierno ante el grupo armado.
«Santos, no es la paz que está cerca, es la rendición de las FARC y la tiranía de Venezuela», dijo el ex presidente Álvaro Uribe vía Twitter, quien representa casi la mitad del electorado. «Sin penas de cárcel para los comandantes, habrá un acuerdo en La Habana, pero también una receta para más violencia en Colombia».
Si el polémico asunto de la justicia transicional queda resuelto, los negociadores aún deben llegar a un mecanismo para que los rebeldes se desmovilicen, entreguen sus armas y reparen a sus víctimas. Santos prometió a los colombianos ratificar lo acordado con las FARC en Cuba en un referéndum.
Esta será la primera vez que Santos se reúne oficialmente con los delegados de la guerrilla, sobre todo con «Timochenko», cuyo verdadero nombre es Rodrigo Londoño Echeverry, quien comanda el grupo alzado en armas desde fines de 2011.
Las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC se llevan a cabo en La Habana, Cuba, para tratar de poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno.
Las FARC nacieron en 1964 como una guerrilla campesina. En ocasiones anteriores, gobierno y FARC han fracasado en sus intentos por concretar la paz para Colombia. (I)