Quito, (EFE).- La Procuraduría General del Estado (PGE) ecuatoriano expresó hoy su satisfacción por la anulación de una demanda interpuesta por una compañía privada contra los Gobiernos de Ecuador y Perú, tras una reconvención contractual en el marco del proyecto binacional fronterizo Puyango-Tumbes.
Un tribunal arbitral de Lima comunicó ayer, martes, el laudo final ante la demanda presentada por la compañía «Consorcio Fronterizo», contratada para efectuar estudios de factibilidad, diseño definitivo y ejecución de las obras comunes de dicho proyecto.
El procurador ecuatoriano, Diego García, expresó en un comunicado su satisfacción por el resultado del proceso arbitral y dijo que el laudo final supone un triunfo para ambos Estados.
Según García, el laudo o fallo final «resuelve con justicia una disputa en la que claramente la contratista quiso eludir ilegalmente las obligaciones que había adquirido en virtud del contrato y trasladar a los Estados la responsabilidad de sus incumplimientos».
Recordó que el laudo determina que la demanda presentada por la compañía era «infundada» y que por ello la declaró «nula e ineficaz».
Además, el tribunal, frente a la reconvención contractual efectuada por Ecuador y Perú en septiembre de 2013, la declaró como «válida» al considerar que hubo una «acumulación máxima de penalidades por parte de la compañía contratista».
El tribunal, que ejerció bajo las leyes peruanas, ordenó a la compañía devolver un anticipo por unos dos millones de dólares y la ejecución de las llamadas «cartas finanzas» (garantía de cumplimiento), por 2,8 millones.
El proyecto binacional Puyango-Tumbes forma parte de otro que aprovecha varias cuencas hidrográficas fronterizas, suscrito porEcuador y Perú en 1971, y que luego pasó a formar de los acuerdos de paz y límites firmados por los dos países en 1998. EFE (I)