Organizaciones sociales anunciaron este lunes que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra las enmiendas constitucionales aprobadas la pasada semana, que establecen, entre otras cosas, la reelección indefinida de cargos elegidos por voto popular.
«Ante todo este atropello lo que presentaremos es una demanda de inconstitucionalidad a las enmiendas que estos cien ‘alzamanos’ aprobaron», dijo en una conferencia de prensa el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) Pablo Serrano, en referencia a los legisladores oficialistas que aprobaron las enmiendas.
El parlamento ecuatoriano aprobó la pasada semana, con los votos de 100 de los 109 legisladores presentes en la sesión parlamentaria, un paquete de quince enmiendas que, además de la reelección, incluyen temas laborales, de comunicación, de control y de funciones de las Fuerzas Armadas, entre otros.
Tras la sesión de debate y votación decenas de personas protagonizaron en las inmediaciones de la sede legislativa una protesta que derivó en incidentes, en los que hubo más de una veintena de detenidos y, al menos, trece policías heridos.
Familiares de los arrestados, que fueron condenados a quince días de prisión, protestaron hoy por la pena impuesta y exigieron su libertad en un acto en el que denunciaron «la utilización de la legislación penal como un mecanismo para silenciar y disciplinar a la sociedad», según Andrea Reinoso, familiar de uno de ellos.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, criticó la «represión brutal» ejercida contra los ahora detenidos e hizo un llamamiento «a la desobediencia civil», aunque sin dar detalles de cómo se pondría en práctica.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) dijo que está «profundamente preocupada por un nuevo caso de criminalización de la protesta social» y consideró que los detenidos fueron condenados pese a que «no se pudo demostrar» su responsabilidad, al tiempo que señaló que algunos de ellos fueron «víctimas de agresiones físicas y verbales» por parte de la policía.
El organismo subrayó su preocupación por el hecho de que funcionarios judiciales utilicen el derecho «para imponer penas privativas de la libertad sin fundamento». EFE (I)