Juristas, oposición e incluso aliados políticos criticaron este martes la decisión del presidente argentino, Mauricio Macri, de designar por decreto a dos miembros de la Corte Suprema, sin contar con la aprobación del Senado, una fórmula que no se utilizaba en democracia desde el siglo XIX.
Daniel Sabsay, uno de los abogados constitucionalistas más críticos con las leyes del kirchnerismo, consideró que la medida de Macri es «inconstitucional» ya que el artículo de la Constitución en que se amparó Macri para realizar los nombramientos sin la aprobación de la Corte Suprema «está derogado por la costumbre contraria» (la lex consuetudo).
«Esta atribución para designar jueces solo fue usada una vez en la historia argentina, en 1862, cuando el presidente Bartolomé Mitre decide integrar la Corte Suprema. Estamos hablando de la prehistoria», dijo a Efe Sabsay, quien aseguró que la decisión puede ser recurrida ante los tribunales.
Otros abogados constitucionalistas no pusieron en duda la constitucionalidad de la fórmula elegida por el Gobierno del frente conservador Cambiemos, pero señalaron que se trata de «un precedente funesto», en palabras del abogado constitucionalista y exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra.
En diálogo con radio Vorterix, el titular del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, calificó como «un grave error, un disparate» el decreto presidencial y confió en que Macri «recapacite y los envíe a la comisión de acuerdos del Senado, que es donde debe ser tratado».
«Los nombres me parecen impecables. La forma me parece horrible», sentenció por su parte, el diputado del peronismo disidente y excandidato presidencial, Sergio Massa.
La decisión del Gobierno provocó división de opiniones en el seno de la Unión Cívica Radical, uno de sus socios de Gobierno.
«Creo que (el decreto) es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto y no a través de un envío al Senado y una convocatoria a sesiones extraordinarias si es que hay celeridad», dijo hoy el senador radical Julio Cobos.
Por el contrario, el exsenador radical Ernesto Sanz afirmó que el mecanismo para designar jueces en la Corte Suprema «es legítimo, legal y constitucional» y destacó que «el objetivo es garantizar la gobernabilidad».
Los jueces designados por Macri son Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, cuyos mandatos se extenderán hasta el 30 de noviembre del próximo año, cuando concluyan las sesiones del Congreso. EFE (I)