Este proyecto define al latifundio como la propiedad rural de gran extensión ineficientemente aprovechada, en cuyo caso podrá ser expropiada. Eso quiere decir que un funcionario público tendrá la discrecionalidad para decidir si una superficie de tierra es lo suficientemente grande para considerarse latifundio y si su productividad es la adecuada; contraviniendo a la Constitución y al COOTAD, porque son los gobiernos autónomos descentralizados quienes están obligados a planificar el ordenamiento territorial.
Con la misma intención que el oficialismo, en 1959, el gobierno revolucionario de Fidel Castro comenzó a promulgar leyes que finalmente llevarían a la eliminación total de la gran y mediana propiedad privada. El resultado es que más de dos millones y medio de cubanos emigraron hacia países en los que sí tienen incentivos para producir.
Al contrario de lo que los hermanos Castro tratan de hacer creer, la isla no era un burdel administrado por Washington. Si bien es cierto, no era un país desarrollado, Cuba tenía el puesto veintidós en el mundo en médicos por habitantes. Su tasa de mortalidad era 5.8 (tercera en el mundo), mientras que la de Estados Unidos era 9.5 y la de Canadá 7.6. A finales de los años cincuenta, Cuba tenía la tasa de mortalidad infantil más baja de América Latina. También era la nación número ocho del mundo, en cuanto a las mejores remuneraciones de trabajadores industriales.
La isla ocupaba el puesto número treinta y tres, entre ciento doce naciones del mundo, en cuanto a nivel de lectura diaria, lo cual contradice el argumento de que existía un gran número de analfabetos. Según el Anuario Estadístico de las Naciones Unidas, el país poseía, antes de la revolución socialista, un radio por cada cinco habitantes, un televisor por cada veintiocho, un teléfono por cada treinta y ocho y un automóvil por cada uno de cuarenta habitantes.
Hoy, después de haber redistribuido las tierras, Cuba está como está. Su principal producto de exportación, el azúcar, administrado por el Estado, ha caído hasta montos preocupantes. El Ministerio de Agricultura ocupa un edificio enorme y tiene un millón doscientos mil empleados. Los campesinos culpan a esta institución de generar constantemente normativas que se han convertido en el principal obstáculo para el desarrollo de la agricultura. ¿Coincidencia?
Esto demuestra que la redistribución de la tierra no erradica la pobreza, logra mayor productividad, ni garantiza la soberanía alimentaria. Simplemente violenta el derecho de propiedad, generando inseguridad jurídica y desconfianza, alejando la inversión del país. El hecho de que le regalen tierra a alguien no significa que esa persona logrará explotarla eficientemente. Ningún Estado ha sido un buen administrador de negocios. La historia así lo confirma. Todavía existe la posibilidad de que el Ejecutivo objete este proyecto que atenta contra la economía nacional.