El colectivo Cauce Democrático, liderado por el expresidente Osvaldo Hurtado, ha emitido un comunicado en que expresan su «preocupación por los acontecimientos militares ocurridos en las últimas semanas».
«Mediante una simple disposición verbal, sin sustento jurídico, el presidente ha ordenado que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas reintegre al Ministerio de Medio Ambiente la suma de 41 millones de dólares. Una vez más, como en ocasiones anteriores, ha impuesto su omnímoda voluntad por sobre la Constitución y la ley, al invalidar arbitrariamente un contrato celebrado entre dos instituciones públicas hace cinco años», ha expresado el colectivo, integrado por escritores, académicos, políticos, artistas, periodistas, militares, empresarios y diplomáticos.
Añaden: «A este manifiesto abuso de poder ha sumado irresponsablemente ataques a las Fuerzas Armadas. El más grave: incitar el enfrentamiento entre oficiales y soldados, llevando a los cuarteles la lucha de clases con la que durante nueve años ha dividido al pueblo ecuatoriano. Es inconcebible que el presidente no tenga conciencia de que, en el caso de que su llamado tuviera eco, desencadenaría una lucha fraticida entre ciudadanos armados. A lo que inevitablemente seguiría la descomposición de una de las pocas instituciones nacionales que ha logrado sobrevivir al destructor vendaval correísta».
Cauce Democrático ha espresado su «satisfacción porque las Fuerzas Armadas hayan ignorado ofensas, insidias y provocaciones del presidente«. Y advertido que «es a los civiles, y no a los militares, a los que corresponde, en las próximas elecciones, poner fin al autoritarismo de Correa y restablecer la democracia, el imperio de la Constitución y la ley, y los derechos y garantías Constitucionales».
El colectivo ha considerado «lamentable» que el alto mando militar haya expresado públicamente su desacuerdo con la decisión administrativa tomada por el presidente de la República. Y también considera que la destitución del alto mando militar «antes que una justa sanción administrativa ha adquirido los ribetes de una retaliación política».
Añáden que «el rigor conel que ha procedido Correa contra el alto mando militar contrasta con la protección que brinda a sus subordinados, autores del supuesto perjuicio económico irrogado al ministerio de Ambiente: los exministros Marcela Aguiñaga y Javier Ponce, y el ministro de Defensa, Fernando Cordero. De ser cierta la denuncia del presidente, el fiscal Chiriboga estaría obligado a indagar la participación que dichos funcionarios pudieron tener en un posible delito colusorio».