Al menos 84.478 ecuatorianos perdieron su trabajo en 2015. Dos de cada tres ecuatorianos en el sector rural no tienen empleo adecuado. Más del 12% de los jóvenes están desempleados. Medio país trabaja en la informalidad. Todo según cifras oficiales del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC).
La pregunta del millón ahora es qué hacer al respecto y cómo salir adelante.
La calentura no está en las sábanas. El empleo no se crea con magia. Tampoco con aisladas reformas de ley. La fórmula es relativamente sencilla: si tenemos más inversión y más emprendimiento, entonces habrá más puestos de trabajo. Si la mayoría de empresas son estables y trabajan en la formalidad, entonces la mayoría de empleos serán adecuados. La clave, por tanto, está en atraer inversión, facilitar los nuevos emprendimientos, ayudar a que las actuales empresas prosperen y defender los derechos de los trabajadores para que ese progreso redunde en su beneficio.
Eso no se logra con discursos líricos. Se logra con regulaciones inteligentes, estables y claras. Con un marco de impuestos que se cumpla a rajatabla, pero que sea razonable y, sobre todo, que no cambie todos los años. Con leyes que defiendan al trabajador de la explotación y garanticen la seguridad social, pero sin llegar a una rigidez tan extrema que condene a la informalidad a la mitad de nuestra fuerza laboral, como ocurre hoy. Con trámites amigables para inventar nuevos emprendimientos, para superar el lamentable puesto 117 entre 189 países que hoy ocupamos en cuanto a facilidad para hacer negocios, según el ranking Doing Business. Con acuerdos comerciales para que nuestros exportadores crezcan y compitan en el mundo, a fin de aumentar el trabajo formal sobre todo a los agricultores, al contrario de lo que ocurre hoy: el banano ecuatoriano, principal generador de divisas ante la crisis del petróleo, pierde espacio frente al colombiano porque no tenemos vigente aún un acuerdo con Europa. El empleo se logra, por último, con un entorno favorable a la inversión que inspire confianza sobre un principio elemental: si el inversionista cumple la ley, el Estado respetará su inversión. Para ello necesitamos seguridad jurídica e independencia judicial, en vez de un sistema donde las normas dependan del hígado de una sola persona en el poder.
A lo anterior se debe sumar incentivos legales para que las empresas contraten a grupos vulnerables en el mundo laboral: los jóvenes que buscan su primer empleo, los campesinos que sufren 70% sin empleo adecuado y los adultos mayores.
Por desgracia, casi nada de eso ha hecho el Gobierno.
Esta semana el Presidente ha enviado a la Asamblea un proyecto urgente titulado Ley Orgánica para la Optimización Laboral y Seguro de Desempleo, que busca lo siguiente: Primero, reducir la jornada laboral a empresas que se declaren en crisis. Segundo, eliminar el salario básico para pasantías. Tercero, subsidiar el aporte patronal al seguro social de empresas que contraten jóvenes entre 18 y 24 años — parte del plan Empleo Joven que en SUMA planteamos a la Asamblea desde 2013 y ya se ejecuta en el Municipio de Quito. Cuarto, convertir el actual fondo de cesantía en un seguro de desempleo, cuyo único cambio sustancial parece ser que el IESS, en vez de entregar toda la cesantía de golpe, ahora la pagará en cómodas cuotas mensuales al despedido, lo cual beneficiaría más a la liquidez del IESS que al ecuatoriano que perdió su trabajo.
Algunas de estas reformas son positivas. Otras habrá que ver cómo se implementan. El problema es que no resuelven la crisis de fondo: está bien asegurar al desempleado, pero lo más urgente es aumentar los empleos seguros. Para eso hay que promover la inversión y respetar los derechos de los trabajadores. En ambos aspectos, más de una vez el Gobierno ha hecho todo lo contrario. ¿Qué esperan para rectificar?
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