Solo en Milagro, según El Universo, los evacuados llegan a 448 personas.
Hace meses lo advertimos desde el colectivo Manso Guayas: el mayor perjuicio por no dragar los ríos no es en Guayaquil, cuyas inundaciones suelen paralizar la ciudad y dañar vehículos, sino en el agro. Lo que en Guayaquil es grave en el sector rural se vuelve tragedia: si los agricultores pierden sus cultivos por inundaciones, se quedan en la calle. No me refiero al gran empresario agrícola, sino al pequeño y mediano campesino, que vive con tres veces más pobreza que en las ciudades, 70% sin empleo adecuado y en cantones donde casi no hay sistemas decentes de alcantarillado.
Pero aquí viene la paradoja: ese mismo agro, que padece terribles injusticias sociales, hoy es el sostén de la dolarización. El principal generador de dólares a la economía ecuatoriana ya no es el petróleo —que sale a pérdida— sino el banano, seguido del café, cacao y camarón. Y la mayor producción agrícola y acuícola del país surge, precisamente, de la cuenca del río Guayas.
Por tanto, la sedimentación y falta de dragado de los ríos es mucho más que un tema urbano de Guayaquil. Es un problema económico para el agro que hoy mantiene las exportaciones nacionales. Y es un drama social para la mayoría de comunidades rurales en las nueve provincias de la cuenca del Guayas.
Esto era guerra avisada. Luego de El Niño de 1997 y 1998, la Corporación Andina de Fomento recomendó mitigar la sedimentación para prevenir inundaciones, no solo por nuevos fenómenos climáticos, como el que se anunció este año y afortunadamente no ha llegado, sino por los agresivos inviernos que a menudo azotan a la costa ecuatoriana, como el que atravesamos hoy.
Sin embargo, mientras el presidente Rafael Correa publicita inversiones multimillonarias para control de inundaciones, no dice ni pío sobre el dragado. Mientras el prefecto Jimmy Jairala deshoja margaritas sobre una candidatura presidencial, anuncia firmar contrato en mayo para dragar recién en octubre, perjudicando a la provincia con 40 millones de dólares que nunca exigió al Gobierno cuando le pasaron la competencia hace 4 años, en plena bonanza petrolera. Y los asambleístas de Alianza País —que ganaron cinco de cinco curules en la zona rural de Guayas, encabezados por la actual alcaldesa de Milagro— no mueven un dedo para defender a los agricultores de su propia provincia.
¿Qué hacer? Dragar el Guayas, Babahoyo, Daule y sus afluentes es solo el primer paso. La solución integral implica un proceso masivo de reforestación y obras de control de inundaciones en la cuenca baja del Guayas, incluyendo Guayaquil, entre otras medidas. Para ello debería crearse por ley un ente autónomo —un Instituto para la Cuenca del Río Guayas— que ejecute acciones de forma independiente, sin depender de los vaivenes políticos, en coordinación con el gobierno central, prefecturas y municipios.
El río Guayas será manso, pero los ecuatorianos no somos mensos. La factura ya la están pagando con creces nuestros agricultores, cuyo trabajo sostiene la economía de todos. Lo menos que merecen de las autoridades son respuestas claras y acciones urgentes.
Twitter: @hectoryepezm