Brasilia, (EFE).- El debate de trece horas que concluyó en la madrugada de hoy en la comisión de la Cámara Baja de Brasil que analiza la apertura de un juicio político contra la presidenta DilmaRousseff dejó claro que los favorables al proceso son mayoría y que pesan más los argumentos políticos que los jurídicos.
De los 61 diputados que se pronunciaron en el debate que concluyó a las 4.43 hora local (7.43 GMT) de este sábado, 39 defendieron la apertura del juicio con fines destituyentes contra Rousseff.
Tan solo 21 legisladores alegaron que no hay méritos jurídicos para la apertura del proceso y que, en caso de que el Congreso prosiga con el mismo, estaría impulsando un golpe.
Y uno de los parlamentarios se dijo indeciso.
El debate también dejó claro que, pese a que la Comisión tiene que pronunciarse sobre si hay méritos jurídicos para la apertura del juicio, sus miembros prácticamente ignoraron las discusiones técnicas y prefirieron centrarse en los discursos políticos.
Los diputados favorables a enjuiciar a Rousseff hicieron en sus discursos más referencias a la falta de condiciones para gobernar de la presidenta, a las acusaciones de corrupción contra su Gobierno y a la crisis económica del país.
Los que se oponen al proceso, por su parte, argumentaron que el juicio no pasa de un intento de golpe promovido por los sectores de la oposición aún insatisfechos con la apretada derrota que sufrieron en las elecciones presidenciales de octubre de 2014.
La sesión fue convocada para que los 65 miembros de la Comisión Especial se pronunciasen sobre el informe presentado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien consideró que existen méritos jurídicos para avanzar hacia la destitución de Rousseff por unas maniobras fiscales consideradas ilegales.
El debate precedió la votación programada para el próximo lunes y en que los 65 diputados decidirán si aprueban o rechazan el informe del instructor y le dan luz verde al proceso.
En caso de que se pronuncie en favor del proceso, lo que parece probable a partir de sus discursos en el debate, el caso será remitido al plenario de la Cámara de Diputados, cuyos 513 miembros tendrán que decidir este mismo mes si autorizan al Senado a someter a la presidenta al juicio destituyente.
Fueron pocos los participantes en el debate que abordaron los aspectos técnicos del informe presentado por Arantes sobre los méritos jurídicos para el juicio.
El instructor concluyó en su informe que el análisis de la denuncia le permitió identificar indicios de que la jefe de Estado practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los «crímenes de responsabilidad» previstos en la Constitución para su destitución: la contratación de créditos suplementarios por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito.
De acuerdo con el instructor, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin que los mismos apareciesen en los balances fiscales constituyen «crímenes de responsabilidad».
Uno de los legisladores que se refirió a los aspectos técnicos del informe, el diputado Arlindo Chinaglia, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), aseguró que la contratación de créditos con los bancos públicos para costear gastos del Gobierno sin autorización del Parlamento fue una práctica común de todos los presidentes que antecedieron a Rousseff.
Agregó que el intento de destituir a Rousseff por una práctica que no es considerada como crimen de responsabilidad y que fue tolerada a otros jefes de Estado demuestra que lo que se busca es una disculpa para acortarle el mandato.
El opositor Varderle Macris, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), también se refirió a los aspectos técnicos del proceso y dijo que, al contraer créditos sin la aprobación del Congreso y sin respetar el presupuesto, la mandataria violó las leyes e incurrió en crímenes de responsabilidad.
De acuerdo con las normas establecidas por la Corte Suprema, si el informe del instructor es aprobado por mayoría simple en la Comisión, será remitido al pleno de la Cámara de Diputados.
En esa instancia seguirá adelante si es aprobado por mayoría calificada de dos tercios (342 de 513 votos) y en ese caso pasará al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político.
De llegarse a ese extremo, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene el Senado para juzgarla. En ese período sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si el Senado finalmente destituye a la mandataria. EFE
cm/nrp