Suben impuestos a los “ricos” y el IVA a todos dentro y fuera de las zonas afectadas por el sismo. Se obliga al ciudadano que gana más de mil al mes a donar una pequeña porción de su sueldo a las zonas damnificadas, aunque entregue más que eso en “especies” y por voluntad propia. Se pide a las reaseguradoras extranjeras, a las que no se sabe si se ha pagado primas, que envíen adelantos cuantiosos de dinero para la reconstrucción. Se busca crédito contingente a través del tan repudiado FMI. Se “ayuda” a la industria privada a reestablecer operaciones a través de financiamiento del que lucra el Estado. Tras el terremoto, afortunadamente, fondos destinados a la ayuda no faltan. Lo que si escasea es la confianza en que el estado administre con responsabilidad los recursos ajenos de los que se apropia.
El flujo de la ayuda financiera
¿Qué hará el Estado ecuatoriano con el dinero que recauda, sin costo, tras el sismo? Basta con seguir sus pasos para sospechar que con una porción reconstruirá lo público, mucho de lo cual no se habría asegurado por irresponsabilidad severa. De ese tanto no se utilizará nada para socorrer a la reconstrucción privada. El Estado solo responderá por aquellas viviendas cuyo propietario tenga un préstamo hipotecario en curso con el BIESS ¿Quién reconstruirá la gran mayoría de hogares particulares destruidos? Seguramente, sus propietarios –ricos y pobres- con el dinero que genere su actividad económica en una zona de pesca industrial que presenta daños en su infraestructura productiva.
Otro poco de dinero tal vez se destine a líneas de crédito que permitan reponer la infraestructura pesquera afectada de cuyo funcionamiento penden miles de empleos directos e indirectos en las zonas afectadas. El gobierno ya negocia con los tan vejados empresarios ese financiamiento a través de una línea de crédito con el “generoso” interés del 7,5%; eso, por un dinero que llegó sin costo alguno.
¿Qué destino tendría el capital restante? Seguramente se utilice para encubrir los vicios de un gobierno caracterizado por su falta de liquidez, producto de una pésima administración de recursos ajenos. La solidaridad tras el sismo no es de quienes conducen este Estado, sino en porciones simbólicas, mientras lo fuerte lo financia el pueblo. ¿Crueldad o ineptitud? Quizá ambas cosas.