La comisión de gobiernos autónomos de la Asamblea Nacional ha planteado la creación de una nueva Superintendencia de Ordenamiento, que tendrá por función el control de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los municipios, como parte de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que ya fue aprobada en primer debate el año pasado.
La propuesta cobró impulso tras el terremoto del pasado 16 de abril con el argumento de que la tragedia puso en evidencia la informalidad en la construcción de edificaciones, sostiene el presidente de la Comisión, Richard Calderón, citado por el diario oficial El Telégrafo.
Calderón ha citado como ejemplo el problema ocurrido en Alluriquín (Santo Domingo de los Tsáchilas), que se inundó la semana pasada luego de que un río cercano se desbordara y un deslave matara a 4 personas. Calderón recuerda que existen ciudades con asentamientos humanos irregulares, que a su vez generan otros problemas como insuficiencia de servicios básicos e inconvenientes en la accesibilidad. A eso se añade que pocos municipios tienen un sistema de determinación de zonas donde pueden expandir la frontera urbana. “Debemos tomar en cuenta que nuestro país está en una zona de alto riesgo sísmico, de erupciones, el fenómeno de El Niño y otros problemas naturales, de tal manera que es un debate profundo”, sostiene Calderón.
La Superintendencia de Ordenamiento Territorial será una entidad técnica de vigilancia y control, con capacidad para sancionar, que funcionará de forma desconcentrada e independiente. Tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. Formará parte de la Función de Transparencia y Control Social. Entre sus atribuciones estarán el vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y normas relacionadas con los procesos e instrumentos de ordenamiento territorial y la aplicación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, así como las normas sobre planeamiento urbanístico, uso y gestión del suelo urbano y rural. También velará porque los municipios impongan las sanciones administrativas previstas en esta ley. Además llevará un registro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.