BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Mauricio Macri se mostró decidido el viernes a vetar la ley que prohíbe los despidos por 120 días y contempla el pago de una doble compensación a los cesanteados, lo que ha puesto en pie de guerra a sindicalistas.
«En uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo, que es una ley contra los argentinos, que demuestra que no confiamos en nuestro futuro», dijo Macri en un acto oficial al considerar que la medida empeorará la situación económica.
El presidente afirmó que la norma que la mayoría de los bloques opositores consiguieron aprobar en la cámara de diputados en la madrugada del jueves «va a traer más pobreza».
Oficialistas han dicho que el veto se concretaría a lo largo del viernes.
Macri considera que la llamada ley anti despidos es una mala señal para atraer inversiones. En un intento por desactivar su aprobación, días atrás anunció un acuerdo con decenas de empresas para suspender las cesantías por 90 días que a los sindicatos más combativos les pareció insuficiente.
Macri criticó además al peronista Frente para la Victoria que responde a la expresidenta Cristina Fernández (2003-2007) por haber impulsado la controvertida ley cuando, en momentos en que esa fuerza gobernaba, «decían: ‘este tipo de leyes no generan más empleo, no son buenas para el progreso»’.
El presidente sostuvo que en un año Argentina verá «los frutos» de las medidas económicas de ajuste que ha tomado para recortar el déficit público, las cuales han incrementado el descontento social.
Pablo Micheli, titular de una rama de la Central de Trabajadores de Argentina -la cual agrupa a muchos trabajadores estatales- reconoció que el veto es legal pero no «legítimo» por perjudicar a los trabajadores.
Al respecto anunció que el sábado discutirá con otros sindicatos si concretarán una medida de fuerza.
Hugo Yasky, líder del otro sector de la Central, dijo que loa posición de Macri es «antidemocrática» y una muestra de «soberbia» luego de la masiva movilización del 29 de abril de cinco centrales sindicales en protesta por lo que consideran una ola de despidos. Anunció además la próxima realización de un paro.
Entre 100.000 y 140.000 puestos de trabajo se perdieron en lo que va del año, según estadísticas elaboradas por sindicatos y consultoras privadas. El gobierno niega una crisis de empleo, pero admite que el escenario económico es complejo y responsabiliza a las políticas populistas de Fernández.
El riesgo a perder el empleo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los argentinos junto con la inflación, que en abril fue cercana al 7%, la más alta desde 2002. (I)