Dos activistas ecuatorianas denunciaron hoy que el Gobierno de su país vulnera los derechos humanos de sus ciudadanos como los que afectan a la libertad de expresión y a las mujeres, por lo que se encuentran en un «estado de indefensión».
El Gobierno de Rafael Correa «ha ido paulatinamente violentando los derechos humanos y dejando de lado todo lo por lo que el pueblo ecuatoriano en 2007 votó», afirmó la defensora de derechos humanos Karla Calapaqui en un encuentro informativo organizado en Madrid por el Club Internacional de Prensa.
Correa, del movimiento Alianza País (AP), asumió la presidencia de Ecuador por primera vez en 2007 y fue reelegido en 2009 y 2013.
Calapaqui denunció que durante los nueve años que lleva en el Ejecutivo, el Gobierno de Correa «ha beneficiado a las grandes empresas y a la banca, otorgándoles amnistías tributarias» y que Ecuador otorgó concesiones a potencias extranjeras para explotar los recursos naturales del país.
Además, la activista ecuatoriana acusó al Gobierno del país de iniciar una «campaña de desprestigio» en los medios de comunicación nacionales contra las organizaciones sociales, cuando lo único que persiguen es «defender los derechos humanos» de los ecuatorianos.
«No hay prensa (en Ecuador) que recoja este tipo de situaciones y cuando hay denuncias en algunos medios de comunicación, estos son sancionados», aseguró Calapaqui.
De hecho, la abogada defensora de derechos humanos ecuatoriana Annabell Guerrero cifró en 398 las sanciones impuestas por el Gobierno contra medios de comunicación en la actualidad.
Existe una «falta de independencia de la función judicial frente al Ejecutivo», criticó la abogada ecuatoriana, que acusó al Gobierno de Ecuador de «suspender y sancionar jueces que no se ajustan» a sus deseos en algunos casos.
Además, Guerrero aseguró que hoy hay más de setenta mujeres en Ecuador que se enfrentan a penas de cárcel por haber abortado, cuando en algunos casos incluso este se ha sucedido de manera espontánea.
«Hay una decisión política que viene desde el Ejecutivo (incluso) de criminalizar a la mujer en casos de aborto, incluso las niñas que son víctimas de violación sexual son obligadas a tener a estos niños que son fruto de un abuso», agregó.
Guerrero reconoció que las mujeres en su país han vivido un «avance importante» en materia legislativa, como la aparición de un mayor porcentaje de ellas en cargos del Ejecutivo, pero que estas están «supeditadas a las órdenes del presidente, incluso a sus concesiones religiosas, machistas y patriarcales». EFE (I)