Quito.- Al rededor de las 4h20 de la madrugada, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, conformado por los jueces Daniel Tufiño Garzón, Geovanny Cajamarca y Marcelo Narváez, negó el habeas corpus presentado por los defensores de los migrantes cubanos detenidos el 6 de julio. Sólo han aceptado liberar a una persona, Fermín Rodríguez, mientras que las 45 restantes han sido trasladadas al Hotel Carrión.
Cerca de las 5h00 de la madrugada salieron los abogados Juan Pablo Albán, Javier Arcentales y Belén Aguinaga a dar declaraciones a la prensa, sobre esta derrota judicial.
«Este tribunal ha decidido que el señor viceministro del Interior pueda revertir decisiones judiciales, el tribunal además ha decidido que las personas que fueron expulsadas de manera colectiva de este país no tienen nada que decir porque ya no están aquí a pesar de que la Ley le obliga a declarar una violación de Derechos», dijo Albán, y agregó «hemos apelado en la misma audiencia y voy a repetir las palabras con las que presenté la apelación».
«Conformarse con la irrita decisión de este tribunal que se retiró a deliberar por 4 horas, en las cuales también se retiraron los funcionarios del Ministerio del Interior y nadie sabía donde estaban ni los unos ni los otros, equivaldría a auspiciar lo que se conoce como una cosa juzgada fraudulenta, es decir, una sentencia que proviene de un juicio donde se ha violado el debido proceso, una sentencia donde claramente hay incongruencia entre aquello que se ha planteado, aquello que se ha probado y aquello que se resuelve», señaló el abogado de Derechos Humanos.
«Estos jueces pasan a engrosar la lista de los funcionarios que eventualmente tendrán que responder por la responsabilidad internacional que le acaban de generar al Estado ecuatoriano por denegación de justicia», afirmó Juan Pablo Albán.
En virtud de la apelación, Albán advierte que no debe ejecutarse la decisión que niega el habeas corpus y que los ciudadanos cubanos no deben ser deportados hasta que la Corte Provincial de Pichincha resuelva la apelación. Dijo que así debería ser en estricto derecho, pero que «acabamos de comprobar como el Derecho es una cuestión secundaria en ese país».
A las afueras del Tribunal de Garantías Penales hubo una vigilia de defensores de Derechos Humanos a la espera del pronunciamiento de la justicia ecuatoriana.
En medio de un amplio operativo policial ingresaron los 46 detenidos para la audiencia antes de las 16h00 del día anterior. Poco después ingresaron los abogados, luego de un cruce verbal con efectivos de la policía que no permitían en acceso de los mismos al edificio.
La abogada Daniela Salazar, que estuvo dentro de la audiencia, explicó que las primeras dos horas de la misma fueron dedicadas a la verificar la identidad de las personas que piden el habeas corpus. En ese sentido, se presentaron muchos problemas para contrastar las listas ya que los abogados presentaron esta acción con los nombres que los defensores de derechos humanos consiguieron receptar el día en que alrededor de 150 cubanos fueron detenidos y se presentaron incongruencias y similitudes en ciertos nombres. En consecuencia, el juez informó que sólo se resolvería en virtud de las 40 personas que fueron identificadas.
Salazar también denunció que el Tribunal solicitó que las partes procesales debían justificar la ausencia de los cubanos que no comparecieron a la audiencia, en referencia a los que fueron deportados por el Ministerio del Interior.
Hay dos amicus curiae (opiniones jurídicas) que se presentaron a favor de los ciudadanos cubanos, el uno de parte de académicos del Derecho, que presentó David Cordero en nombre de otros, y también uno de la Coalición de Migraciones.
Por parte del la Dirección Nacional de Migración ha comparecido el abogado Diego Torres y de parte del Ministerio del Interior ha asistido Juan Javier Torres. Según Daniela Salazar el argumento del Estado para justificar las deportaciones ha sido que actuaron para darles condiciones más seguras que las del parque en donde acampaban (sin permiso, según estos abogados han señalado en la audiencia) y para proteger el interés superior del niño, ya que en esa acampada había menores de edad. Es decir, según expresó Salazar de forma irónica, “todo ha sido para proteger los derechos humanos de estas personas”.
Los familiares de los cubanos y defensores de derechos humanos permanecieron en las afueras del Tribunal hasta el traslado de los detenidos al Hotel Carrión, pasadas las 5h00. Fueron más de 13 horas de audiencia (con prolongados recesos de los jueces), es por eso que en su momento Daniela Salazar pidió que se compre agua porque en la reducida sala en donde se desarrolla la audiencia se registró desmayos de ciudadanos cubanos que no se han hidratado por horas.
Pasadas las 4h00 de hoy, una camioneta gris se acercó a las puertas del Tribunal y en el asiento del copiloto una persona filmaba a los que protestaba. Luego, el chofer procedió a retirar la placa. Cuando el reportero de este portal se acercó a preguntarles quiénes eran, ellos procedieron a fotografiarlo y cuando nuestro reportero los fotografío, lo insultaron. Este portal comprobó, durante las 13 horas de audiencia, que los familiares de los detenidos y los defensores de derechos humanos permanecían en la puerta del Tribunal en un ambiente de extremo frío, mientras los efectivos de la Policía Nacional no les permitieron el ingreso a la sala de espera del edificio. (I)
Por Miguel Molina Díaz