Intento de juicio a Cléver Jiménez abre debate sobre su inmunidad

ECUADOR, Quito. (2016/08/01). Rueda de prensa del ex asambleísta Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio. FOTOS API / JUAN CEVALLOS.

El asambleísta por Pachakutik, Cléver Jiménez, y su asesor Fernando Villavicencio vuelven a concentrar las miradas de la justicia ecuatoriana. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, solicitó al pleno de la Asamblea Nacional “la respectiva autorización para iniciar la causa penal» en su contra.

En la providencia firmada por Blum el 28 de julio de 2016, consta que el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, le solicitó, mediante escritos con fechas 2 y 9 de junio pasado, que se señale el día y la hora para “formular cargos” en contra de los dos funcionarios por supuesto ‘hackeo’ al correo del presidente de la República, Rafael Correa.

Según el juez Blum, a la fecha de los hechos Jiménez se desempeñaba como asambleísta por Morona Santiago y, por ende, goza de fuero de la Corte Nacional de Justicia. El delito del que se lo acusaría está contemplado en el artículo innumerado 1 agregado al artículo 202 del Código Penal anterior, que prevé una pena de privación de la libertad que puede ir desde los seis meses a los seis años, dependiendo de la información que ha sido vulnerada.

Este 1 de agosto de 2016, Jiménez y Villavicencio ofrecieron una rueda de prensa en rechazo de esta intención de juicio. «El pedido de levantar la inmunidad confirma la persecución contra quienes piensan diferente», dijo Jiménez, quien además custionó que ahora la Corte pida ahora a la Asamblea que se pronuncie sobre su immunidad parlamentaria. También señaló que su colega, la asambleísta Lourdes Tibán, pedirá al legislativo que trate su caso.

En noviembre de 2013, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, solicitó que se investigue a Jiménez, quien habría dicho que cuenta con información de un correo electrónico del presidente Correa sobre el caso Chevron.

Según Glas, el entonces asambleísta de Pachakutik habría filtrado correos interceptados ilegalmente al Gobierno, los mismos que intentaron ser empleados por Chevron en un juicio.

El asambleísta y su asesor fueron sentenciados a 18 meses de prisión por injurias al presidente Correa. En agosto del 2014, después de la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, la exjueza Lucy Blacio bajó la pena a 1 año. Luego de la sentencia, ambos se refugiaron en la Amazonia ecuatoriana y, casi un año despúes, la pena caducó. (I)

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