Serán unas elecciones sin observadores internacionales, declarados non gratos de antemano, y sin un aparato electoral creíble.
Los verdaderos partidos de la oposición han sido eliminados por sentencias de la Corte Suprema, fiel políticamente a Ortega, y la oposición parlamentaria ha sido expulsada de la Asamblea Nacional. No queda un solo poder del Estado que no esté alineado ni institución pública independiente.
La institucionalidad funcionaba a medias, pero hoy ha dejado de funcionar del todo por una serie de medidas que aún tienen perplejos a quienes no se atrevían a decidirse si esta era una democracia limitada, un Gobierno autoritario, o simplemente una dictadura. Hoy queda claro ante el más benévolo que se trata de un régimen de partido único, a la usanza más obsoleta, fruto de la nostalgia trasnochada por los desaparecidos sistemas del llamado socialismo real que se hundieron con la caída del muro de Berlín.
Y al mismo tiempo, es una autocracia familiar como las que hemos conocido en el pasado en América Latina y claro está, en la misma Nicaragua, y que vuelven siempre a resucitar. La alternancia en el poder, las elecciones libres, las libertades democráticas, escritas en la Constitución, desaparecen de la vida real.
Crece la intolerancia, como se ha visto en las deportaciones de quienes vienen a realizar investigaciones académicas, o reportajes periodísticos sobre temas que se han vuelto tabú, como la pobreza, o la gran mentira del Gran Canal Interoceánico; o simplemente a participar en programas ecologistas en comunidades rurales.
El régimen se había valido hasta ahora de su alianza con la empresa privada, que aprendió a no temer al discurso virulento de Ortega en contra del imperialismo yanqui, el capitalismo y la oligarquía. La regla de oro de esta relación era que los asuntos políticos quedaban excluidos de las mesas de concertación donde se tratan los temas económicos, que se ajustan al marco aconsejado por el Fondo Monetario Internacional.
Hoy esta alianza empieza a mostrar sus fracturas cuando las cámaras empresariales protestan por las medidas arbitrarias que quitan la representación parlamentaria a la oposición, y eliminan de la contienda electoral a los partidos.
El temor de los empresarios es que el clima de estabilidad económica conseguido hasta ahora se deteriore, y que las inversiones extranjeras resulten ahuyentadas, lo mismo que la cooperación internacional. Un clima de negocios, con moderadas tasas de crecimiento y baja inflación, que hasta ahora no ha provocado ninguna reducción apreciable de los índices de pobreza, ni ha sacado a Nicaragua de la cola entre los países más atrasados de América Latina, en disputa con Haití.
Las elecciones del mes de noviembre tendrán un candidato único, y ya hay un ganador de antemano que pretende sacar más del 90% de los votos. Ya hemos visto esa película.
