El frente de pensionistas del Issfa y Defensa de las Fuerzas Armadas tramita en la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos (CIDH) una demanda para detener el trámite del proyecto de Ley de Seguridad Social y de pensiones militares.
Patricio Durazno, abogado patrocinador de los uniformados en servicio pasivo argumentó el procedimiento porque, según señaló, la iniciativa del Ejecutivo es «ilegítima, ilegal e inconstitucional».
Los uniformados exigen además al Gobierno el pago de la deuda que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ISSFA, que, aseguran, asciende a 419 millones de dólares. (I)