Con 92 votos, la Asamblea Nacional se ha allanado a los 14 artículos que el Ejecutivo objetó al proyecto de Ley Orgánica de Salud Prepagada, en las que el gobierno del Presidente Rafael Correa determina que las compañías privadas de seguros cancelen al Estado los valores por atenciones en la Red Pública de Salud.
El veto presidencial determina que la Superintendencia de Compañías aprobará los planes, programas y modalidades para las prestaciones de los servicios de salud prepagada y de asistencia médica, incluidas las coberturas internacionales.
En el veto, el Régimen también dispone que las compañías privadas de salud prepagada reembolsen a las instituciones de Salud Pública los valores que se hayan facturado por atender a los beneficiarios del seguro privado. Esta condición rige para casos de derivación y atención directa. El Estado asumirá el costo de los deducibles no asumidos por las compañías.
Según las compañías de medicina prepagada, la medida tendrá un impacto de al menos USD 150 millones en el sector. De acuerdo a Eugenia Toro, gerenta de la firma Mediken, citada por El Comercio, las empresas argumentan que el reembolso tendría una afectación en el usuario, pues conduciría a agotar su cobertura en el seguro privado cuando opten por la atención en un hospital público.
Por ejemplo, si un usuario cuenta con un plan que cubre hasta un monto de USD 5 000 y tuvo una emergencia médica atendida por el IESS por el mismo valor, la empresa de medicina prepagada deberá reembolsar esa cifra a la entidad. Si el mismo cliente tiene una nueva emergencia médica durante ese año, ya no podrá usar su seguro privado por haber excedido el monto máximo de cobertura y tendrá que esperar a que se renueve su contrato, señaló la Asociación Ecuatoriana de Medicina Integral Prepagada (Aeemip), citada por El Comercio.
La norma aprobada esta noche, prohíbe la disminución, restricción o eliminación de cobertura por razones de la edad. La Asamblea había sugerido que no se discrimine a los ciudadanos mayores de 65 años, pero el Ejecutivo propuso que reemplace por “determinada edad”. Explicó que resulta peligroso fijar una edad específica, ya que las empresas podrían valerse de mecanismos para no cumplir esta disposición.