Organizaciones indígenas de Ecuador culparon hoy al Gobierno de unos incidentes ocurridos este miércoles en la provincia de Morona Santiago (sureste), donde murió un policía, y solicitaron la mediación de la ONU y de la Organización Estados Americanos (OEA), entre otros, para poner fin a las tensiones.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Pueblos de Nacionalidades Quichuas de Ecuador (Ecuarunari), el Comité Interfederacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) exigieron la retirada del estado de excepción decretado tras los incidentes por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Los hechos tuvieron lugar este miércoles en el campamento minero La Esperanza, en el sector de San Carlos-Panantza y, según el Gobierno, fueron protagonizados por personas de la etnia shuar que habita en la región, quienes se oponen a la minería y reclaman tierras facilitadas en concesión a empresas mineras.
En los incidentes falleció el agente de Policía José Luis Mejía Solórzano y resultaron heridos cinco policías y dos militares.
El ministerio del Interior indicó hoy que unas 80 personas «fuertemente armadas, ubicadas a las afueras del campamento, aprovecharon la maleza del sitio para atacar a quemarropa a funcionarios policiales, militares y civiles» que trabajaban en el lugar.
El Gobierno dispuso hoy un importante despliegue de fuerzas policiales y militares para identificar y localizar a los autores intelectuales y materiales del «hecho criminal», como lo calificó en un comunicado el Ministerio.
Según el ministro del Interior, Diego Fuentes, tras los disturbios hay «actores políticos que buscan generar inestabilidad política».
Las organizaciones indígenas solicitaron hoy al Gobierno que retire las fuerzas desplegadas en la zona y ponga fin al estado de excepción, al tiempo que pidieron la mediación de la Iglesia católica y la participación de la Cruz Roja para poder llevar alimentos a la zona, a la que se ha restringido el acceso.
El presidente de la Conaie, Jorge Herrera, señaló que los habitantes del área donde ocurrieron los hechos «no son invasores», sino «legítimos propietarios, legítimos dueños de ese territorio» y criticó que no se haya llevado a cabo la preceptiva consulta previa, libre e informada, para las actividades mineras que se desarrollan.
«El presidente Correa no ha tomado con seriedad estos casos», declaró Herrera, quien criticó la «política extractivista» del Ejecutivo y aseguró que «las comunidades lo único que hicieron es defenderse» al tiempo que lamentó la muerte del policía y expresó su solidaridad a sus familiares.
Insistió en la imprescindible retirada de la fuerza pública de la zona, pues, a su juicio, «solo ese será el camino» para que «se puedan llegar a entendimientos y soluciones».
El presidente de la Confeniae, Marlon Vargas, indicó, por su parte, que «el único responsable» de lo ocurrido es el Gobierno de Rafael Correa «porque para poder realizar las actividades extractivistas dentro de los territorios de las nacionalidades tienen que consultar y luego proceder», lo que no se ha hecho.
Vargas comentó que los integrantes de la nacionalidad shuar «han manifestado que estarán en pie de lucha hasta las últimas consecuencias».
El activista instó a «todas las nacionalidades de la región amazónica» ecuatoriana «a estar en la máxima alerta».
«El estado de excepción no nos atemoriza, porque nuestros derechos mayores», dijo, «están mucho más allá» de esa medida excepcional. EFE (I)