CARACAS (AP) — Centenares de policías y guardias nacionales lanzaron el sábado gases lacrimógenos para tratar de dispersar a varios cientos de opositores, algunos con banderas venezolanas en las manos, luego de que bloquearon la principal autopista de Caracas. Algunos manifestantes, con los rostros cubiertos con telas, se enfrentaron con los policías usando objetos contundentes.
El choque ocurrió luego de que la oposición convocó a una marcha en protesta contra el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia, en medio de las tensiones generadas por la inhabilitación política de Henrique Capriles, uno de los líderes de la coalición opositora.
Miles de opositores marcharon hacia la Defensoria del Pueblo en el norte de la ciudad.
Entre banderas venezolanas y carteles que decían «no más dictadura», los manifestantes tomaron una de las principales avenidas del este de la capital como parte de las protestas que desde hace más de una semana viene impulsado la oposición en todo el país para presionar por la realización de elecciones y la destitución de los siete magistrados de la corte que emitieron dos sentencias contra la Asamblea Nacional.
«Vivimos una situación terrible donde lo que impera es la inseguridad, el hambre y la escasez. Si no salimos a calle a protestar, esta tragedia no terminará», afirmó Ligia Pérez, una abogada de 65 años, mientras levantaba con su brazo derecho un cartel con la fotografía del dirigente y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, quien fue inhabilitado la víspera por la Contraloría General.
«Queremos libertad y paz, y que nos regresen la democracia que perdimos», afirmó Albani Rojas, una contadora de 29 años, quien se cubrió el rostro con una máscara que tenía los colores de la bandera venezolana, en protesta por la situación del país. «Nos quieren quitar la Asamblea Nacional que fue elegida por el pueblo. No se lo vamos a permitir. Nosotros somos los únicos que tenemos el derecho de decidir quién se queda y quien se va», agregó.
Luego de finalizada una concentración, los miles de manifestantes decidieron marchar hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad.
Las movilizaciones opositoras de los últimos días han terminado en enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos de seguridad que han dejado un muerto, decenas de heridos y medio centenar de detenidos.
La policía judicial difundió en una de sus cuentas de Twitter unos mensajes, con fotografías de ocho supuestos manifestantes, en los que pide a la población aportar información sobre esas personas a las que llama «generadores de violencia». Los mensajes, sin precedentes en el país, fueron rechazados por activistas de derechos humanos que advirtieron que esa acción «incita al odio» y «juzga anticipadamente a ciudadanos».
Las tensiones se intensificaron la víspera luego de la decisión que tomó la Contraloría General, que está vinculada al gobierno, que inhabilitó a Capriles para participar en eventos electorales por 15 años por supuestas irregularidades administrativas en la gobernación del estado Miranda, que dirige en la actualidad.
La decisión representa un duro golpe para la oposición que en los últimos dos años ha perdido a dos de sus principales líderes, Leopoldo López, quien fue condenado en el 2015 a casi 14 años de cárcel, y ahora a Capriles.
Al rechazar la sanción, Capriles afirmó que su inhabilitación forma parte del «autogolpe» que asegura que dio Maduro la semana pasada luego de las dos sentencias que emitió el máximo tribunal en las que asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados.
En un breve discurso, el dirigente expresó durante la concentración que «a ustedes no los inhabilita nadie».
Aunque el Tribunal Supremo, que es señalado de estar controlado contra el gobierno, revirtió los dictámenes contra la Asamblea Nacional, los cuestionamientos internacionales y las protestas contra el máximo tribunal han continuado.
La mayoría opositora del Congreso activó a mediados de la semana un proceso de destitución de los siete magistrados de la Sala Constitucional que emitieron las dos sentencias contra el Legislativo, pero el Poder Ciudadano, que integran la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, descartaron la posibilidad de procesar a los miembros de la corte.
Las tensiones políticas se dan en medio de una crisis económica dominada por una desbordada inflación de tres dígitos; severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, y una recesión económica.
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