Matan a otro reportero mexicano; el cuarto en mes y medio

REFERENCIA | Expertos forenses efectúan su investigación donde la periodista mexicana Miroslava Breach fue asesinada a tiros afuera de la cochera de su domicilio en Chihuahua, capital del estado del mismo nombre, en el norte de México, el jueves 23 de marzo de 2017. Breach se convirtió en el tercer comunicador abatido este mes en uno de los países más peligrosos para los profesionales de la prensa. (El Diario de Chihuahua vía AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La prensa en México volvió a ser blanco de los criminales. Un reportero fue asesinado a tiros el viernes en la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, el sexto ataque a periodistas en el país en mes y medio, el cuarto que conlleva la muerte de un informador y el segundo en ese estado noroccidental.

Maximino Rodríguez, de 71 años, fue baleado en el estacionamiento de una tienda, confirmó en un comunicado la fiscalía estatal. Rodríguez era el encargado de las noticias policiacas en un portal de internet de información local llamado Colectivo Pericú, según este sitio web, que fue el primero en informar del suceso.

El periodista iba con su esposa cuando le atacaron, indicó el portal, y la mujer resultó ilesa.

«Los autores del atentado abrieron fuego contra el reportero desde una camioneta pick up de color blanco, sin que al momento se tengan mayores características de los mismos», dice el portal.

Las autoridades en este estado de la península de Baja California notificaron el caso a la fiscalía especializada en delitos contra periodistas para que investigue por separado y se pueda esclarecer el móvil del crimen.

Con el homicidio de Rodríguez son cuatro los periodistas asesinados desde principios de marzo, a los que hay que añadir otros dos ataques: uno a un reportero también de Baja California Sur, que salió ileso pero murió su escolta, y el otro a un comunicador de Veracruz que quedó herido de gravedad.

El 28 de marzo en Los Cabos, un enclave turístico cercano a La Paz, fue atacado a tiros en su casa el periodista Julio Omar Gómez, que solía dirigir un sitio de noticias por internet y actualmente trabaja para el departamento de prensa de la ciudad. El reportero, que ya había sido blanco de dos ataques previos, salió ileso pero murió el guardaespaldas que el gobierno le había proporcionado después de que él denunció las amenazas que había recibido.

Hace tres semanas, el 23 de marzo, Miroslava Breach, reportera del periódico La Jornada, fue asesinada a balazos frente a su casa en la ciudad norteña de Chihuahua. El columnista Ricardo Monlui corrió la misma suerte el 19 de marzo en Veracruz y el 2 de marzo mataron a Cecilio Pineda Brito, un periodista independiente en el estado sureño de Guerrero.

Además, Armando Arrieta, que trabajaba como editor de noticias para el diario La Opinión de Poza Rica, Veracruz, fue tiroteado el 29 de marzo. No perdió la vida pero sufrió heridas graves.

Las autoridades se han declarado preocupadas por la situación que se está viviendo.

«El grado de violencia es algo que nos preocupa y sé que el gran componente es dar una respuesta, que no haya impunidad», reconoció a finales de marzo Sara Irene Herrerías, subprocuradora general para los derechos humanos.

Sin embargo, las organizaciones que trabajan por la libertad de expresión insisten en que la impunidad es precisamente el mayor problema.

Según la fiscalía especializada en estos delitos, creada en 2010 y dependiente de Herrerías, entre 2000 y 2017 ha habido 114 homicidios de periodistas, de los cuales el departamento ha investigado 48 pero solo existen tres sentencias, informó la Cámara de Diputados en un comunicado tras una sesión sobre el tema el 5 de abril.

Para Carlos Lauria, director del programa para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, México es uno de los países de la región más peligrosos para la prensa y vive una situación alarmante.

«Va y viene en oleadas, pero la realidad es que en especial para los periodistas que trabajan fuera de la Ciudad de México, los niveles de violencia no tienen precedentes», apuntó recientemente.

Antes de conocer el asesinato de Rodríguez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había anunciado reuniones con las fiscalías o las unidades especializadas en libertad de expresión de los estados para «intercambiar buenas prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas».

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