Guatemala, 27 abr (EFE).- Una iniciativa de ley presentada hoy en el Congreso de Guatemala busca imposibilitar el matrimonio homosexual y endurecer las sanciones penales contra el aborto, que está prohibido en el país.
El proyecto, dado a conocer este jueves por varios partidos, liderados por el opositor Aníbal Rojas, de Visión con Valores (VIVA), tiene como fin aumentar el castigo contra el aborto y prohibir la unión homosexual, prácticas que a juicio de los proponentes son ilegales y amorales, pues contravienen principios religiosos.
Rojas hizo énfasis en que los principios bíblicos «quedan plasmados en esta iniciativa de ley«, avalada por la comunidad evangélica y presentada con el respaldo de 30.000 firmas.
La propuesta de ley del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y otros partidos opositores como VIVA, Fuerza, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) o TODOS, busca reformar el Código Penal para enviar de 5 a 10 años de prisión a la mujer que cause o consienta el aborto y de 6 meses a 2 años a quien lo haya hecho pero tenga alguna «alteración síquica».
Para quien lo practique impondría penas de 6 a 12 años de cárcel si es consentido, de 10 a 15 años si es sin consentimiento y de 15 a 25 años si se emplea «violencia, amenaza o engaño«.
Los médicos o profesionales sanitarios que lo consientan o que «cooperen» en su realización tendrán que pagar, además, un multa de 50.000 a 200.000 quetzales (de 6.600 a 26.600 dólares) y quedarán inhabilitados para ejercer su profesión entre 10 y 20 años.
Si la práctica conlleva a la muerte de la madre, la ley impone de 15 a 25 años.
El proyecto contempla el aborto terapéutico siempre y cuando «por lo menos dos médicos gineco-obstretas» diagnostique que la vida de la progenitora está en riesgo y se han agotado «todos los medios científicos y técnicos».
En su artículo 9 también se hace mención al aborto «preterintencional», es decir, aquel que se ocasiona sin intención pero conociendo el estado de la mujer, por lo que en este caso se imponen sanciones de 6 a 12 años de cárcel, pudiendo aumentarse en función de la gravedad de las lesiones hasta «en una tercera parte».
También se pretende reformar el artículo 141 del Código Penal e incluir la «promoción del aborto», que de forma pública o privada, directa o indirecta, quedará penalizada con entre 6 y 10 años de prisión y una multa de 50.000 a 100.000 quetzales (de 6.600 a 13.600 dólares), aunque la sanción puede aumentar «una tercera parte» si se trata de funcionarios públicos o profesionales de la medicina.
La propuesta también prohíbe expresamente el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y restringe la posibilidad de que las entidades educativas, públicas y privadas puedan promover programas relativos a la diversidad sexual.
«Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad», apunta.
Además estipula que no será obligatorio aceptar «como normales» las conductas y prácticas no heterosexuales, por lo que ninguna persona podrá ser «perseguida penalmente» por no aceptar «como normal la diversidad sexual o la ideología de género».
En el acto de presentación, Rojas hizo énfasis en que esta es una propuesta avalada por «la mayoría» de los partidos con representación en el Congreso, un total de 16.
La iniciativa surge después de que el pasado febrero el «barco abortista» de la ONG holandesa Women On Waves visitara Guatemala para realizar estas prácticas en aguas internacionales.
Los activistas tuvieron que abandonar el país custodiados por el Ejército sin practicar ninguna intervención.
En Guatemala se calcula, a falta de estadísticas oficiales, que cada año se producen 65.000 abortos ilegales e inseguros y anualmente 21.600 mujeres son hospitalizadas con complicaciones por los abortos ilegales, la tercera causa de muerte materna. EFE
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