LA PAZ (AP) — El gobierno argentino y varios fiscales se sumaron el sábado al rechazo de un fallo que reduce la pena de un represor condenado por delitos de lesa humanidad, al considerar que sienta un precedente a favor de la impunidad que podría beneficiar a más de 750 represores.
“Es un símbolo de la impunidad en la Argentina, que beneficiaba a los delincuentes por crímenes más duros y peor aún si se trata de crímenes de lesa humanidad”, dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña, el sábado en una entrevista con Radio Nacional. El fallo aplica la llamada ley del “dos por uno”, por el cual el tiempo en prisión antes de que una sentencia sea firme vale el doble.
Al rechazo se sumaron varios fiscales, entre ellos, Ángeles Ramos, quien presentó este viernes un dictamen de inconstitucionalidad a la ley avalada por la Corte Suprema de Justicia.
El miércoles, en una resolución dividida, el máximo tribunal consideró aplicable el beneficio de una ley que computaba doble los días en prisión sin condena firme para Luis Muiña, sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por secuestro y torturas durante un operativo militar en 1976. Muiña con el fallo contabiliza como cumplidos ocho de los 13 años de condena.
Dos de los tres jueces que votaron a favor del fallo fueron nombrados por el gobierno recientemente. Peña al ser consultado explicó que la administración del presidente Mauricio Macri no tiene “influencia” en la Corte Suprema.
La norma en cuestión, ya derogada, no había sido aplicada a condenados por delitos de lesa humanidad sino solo a presos comunes.
El fallo causó polémica porque sirve como precedente para otros condenados por su accionar durante el régimen de 1976 a 1983. Hasta marzo de este año ascendían a 755 los sentenciados.
El mismo día del fallo, las organizaciones de derechos humanos se pronunciaron en contra igual que las emblemáticas Abuelas de Mayo. Hebe de Bonafini, la líder, apuntó que “esto no es nada más ni nada menos que un indulto encubierto”.
Para el juez español, Baltazar Garzón este fallo no tiene justificación jurídica sino política y que “los argentinos no pueden hacer lo que quieran porque tienen que rendir cuentas en ámbitos internaciones”.
“Sentí una enorme tristeza y desazón por el fallo de la Corte Suprema argentina. Es como un harakiri”, agregó.
La denominada ley “dos por uno” estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando el Congreso la derogó. Durante ese período, los acusados por delitos de lesa humanidad se encontraban en libertad, favorecidos por leyes de amnistía e indultos.
Muiña fue condenado por participar en un operativo militar en un hospital de la provincia de Buenos Aires ocurrido en marzo de 1976, en el cual se secuestraron a cinco empleados de ese nosocomio y luego trasladados a un centro clandestino de detención, donde fueron torturados.
La última dictadura militar se cobró la vida de más de 6.000 personas, según cifras oficiales. Para los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos los desaparecidos fueron 30.000.
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