La Fiscalía no encontró elementos para formular cargos en el caso de la presunta defraudación tributaria que supuestamente había cometido la empresa China International Water Electric (CWE) –con contratos públicos por más de $ 600 millones–, al contratar consultorías extranjeras inexistentes por $ 32,8 millones y así evadir impuestos, informa Diario El Universo.
Aunque la defensa del Servicio de Rentas Internas (SRI) se opuso al archivo, la Fiscalía indicó que no ha existido conducta penal relevante y los informes de determinación no han arrojado resultado. En el pronunciamiento de archivo aclara que “no existe responsabilidad determinada por el órgano tributario (SRI) y por lo tanto mal podría Fiscalía continuar con esta investigación”. Indica que el ente regulador, o sea el SRI, indicó que la deuda total de CWE es de $ 0.
Así, la denuncia presentada por el director del SRI, Leonardo Orlando, en abril del 2016, fue archivada en febrero de 2017, confirmó la entidad. Orlando había denunciado tanto a CWE como a Roberto Silva Legarda, Representaciones Dockstonservices, Tributum Consultores, Mossack Fonseca Quito y China Three Gorges Corporacion por defraudación. Tras el archivo, el fiscal Hugo Pérez, en marzo de este año, procedió a aprobar la devolución de los equipos incautados a Tributum por pedido de Silva.
El caso de supuesta defraudación se conoció tras las filtraciones de los Papeles de Panamá. Según los papeles, en febrero y abril del 2014, el entonces apoderado de CWE en Ecuador, Zhu Xiaohua, firmó dos contratos con YouSee AG de Suiza que sumaban $ 32,88 millones, para que esta entidad brinde servicios técnicos especializados relacionados tanto a los proyectos Cañar y Naranjal, como a la construcción de Toachi Pilatón.
Según los Papeles de Panamá, CWE habría simulado la consultoría bajo el asesoramiento de la consultora ecuatoriana Tributum, a la que pertenece Roberto Silva, y la logística de Mossack Fonseca de Panamá. Según información divulgada entones, se escogió una empresa suiza porque Ecuador mantiene un acuerdo con ese país para evitar doble tributación, vigente desde 1996. Así el pago por el servicio no sería objeto de impuestos en Ecuador.