Antes de irse dejó un proyecto de ley para sancionar “el odio y la discriminación” en las redes sociales. Sí. El que se pasó por diez años insultando y ofendiendo a quienes discrepaban de él, el que destilaba a diario un mar de odio en las redes sociales, y que llegó hasta financiar a un ejército de esbirros para que repliquen sus insultos, y manchen el honor de familias, personas e instituciones; el que protegió a un renombrado hacker especializado en divulgar documentos reservados de gobiernos; ahora pretende que los ciudadanos sean reprimidos por lo que digan por esos canales de comunicación. ¿Quién va a calificar lo que es “odio” o “discriminación”? ¿Los jueces del oficialismo? ¿Los burócratas gobiernistas? ¿No es suficiente ya con criminalizar al periodismo?
Pero esto no debe distraer al país de otros asuntos urgentes. Uno de ellos es fijar una política de recuperación de los fondos que fueron asaltados en la última década. No hacerlo sería una muestra de impunidad. El régimen más corrupto de nuestra historia debe restituirle al pueblo lo llevado, o al menos una parte. Y decimos esto último porque se necesitará una cuota de pragmatismo. Si esperamos que los procesos penales se inicien, y luego recién entonces comenzar a pensar en indemnizaciones civiles, nos coge el próximo siglo.
El absurdo sistema de prejudicialidad que tenemos –a diferencia del chileno, o el estadounidense– complicaría esas tareas, ciertamente. Por ello sería preferible, por ejemplo, que los beneficiarios de fortunas originadas durante los años de la revolución ciudadana, y cuyos propietarios difícilmente podrían explicar su origen, las declaren en un plazo de 6 meses y transfieran de regreso una porción de ellas para ser legalizado el resto. Si pasado ese plazo no lo hacen, una auditora internacional se encargaría de ubicar e incautar esos activos, y sus autores tendrán, allí sí, que enfrentar procesos penales. (Algo similar a una amnistía tributaria, aunque con distinto objetivo). Un tratamiento similar debería pensarse para aquellos funcionarios y sus parientes, o allegados, cuyas actividades privadas crecieron exponencialmente durante su vinculación con el régimen. Nadie les cree que eso fue una “simple coincidencia”. Igual cosa habrá que hacer con los “honorarios” que reciban exfuncionarios por dar conferencias, que es uno de los mecanismos de la coima “diferida”. Habrá otras fórmulas, seguramente, para recuperar miles de millones de dólares. Y todas ellas dejarán un sabor amargo de frustración. Pero si no van a irse a la cárcel, al menos que devuelvan algo de lo robado.
Ya la policía de Andorra destruyó la teoría encubridora inventada por el exgobernante con respecto a las andanzas de un exministro. La lista de corruptos de Odebrecht la podrá conocer el país en pocos días, así como ya la conocen en Perú, Panamá, Argentina, etc., donde ya se ha encausado a expresidentes, ministros, y otros. En ese caso no cabría aplicar ninguna de las citadas fórmulas.
Todo dependerá del Gobierno y, obviamente, de la oposición. (O)