La Fiscalía de Bolivia detuvo hoy a cuatro altos funcionarios de la petrolera estatal YPFB tras acusarlos de la supuesta comisión de varios delitos económicos para «beneficiar» a la empresa italiana Drillmec con la compra de tres taladros.
La Fiscalía de la región de Santa Cruz acusó a los funcionarios de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y encubrimiento para otorgar la adjudicación de la compra de los taladros a Drillmec por 148,8 millones de dólares.
El director nacional anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Gutiérrez, dijo en un comunicado que «el caso reviste gravedad por la vulneración» de las normas del Estado.
Los detenidos son el vicepresidente administrativo de Contratos y Fiscalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Bigmarck Serrano; al gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba, y los abogados Félix Bustos y Gizel Siles.
Todos ellos eran miembros del comité de licitación para la compra de los taladros, que fue denunciada como sospechosa por funcionarios de los ministerios de Justicia y de Hidrocarburos.
Los cuatro fueron aprehendidos en la ciudad de Santa Cruz y trasladados luego a la ciudad de La Paz, según el comunicado.
La Fiscalía argumentó que los funcionarios cometieron «acciones ilícitas» para la contratación de la italiana, cuando se realizó la apertura de sobres con las propuestas el 10 de octubre de 2016.
El presidente de YPFB, Guillermo Achá, ha sido cuestionado duramente tanto por autoridades del oficialismo como por la oposición por esta contratación, pero la Fiscalía no lo ha incluido en las investigaciones para un posible procesamiento.
El mes pasado, en medio de la polémica, Achá anunció la disolución del contrato con Drillmec y aseguró que no tenía responsabilidad en la compra de los taladros.
Drillmec ha defendido en todo momento que el proceso de contratación para la fabricación de la maquinaria ha sido correcto y que fue Achá quien dio su aval para el proceso de producción. EFE