Adicionalmente se ha anunciado un recorte en el presupuesto General del Estado de aproximadamente $5.323 millones pasando de $29,835 en el 2016 a $24.512 millones presupuestados para este ano. A pesar de estos recortes, el ministro de la Torre ha acepto la necesidad de financiamiento por $4,598 millones puesto que los ingresos solo suman $19,925. En la primera semana de gobierno se colocaron $2,000 millones en bonos, los cuales no serán los últimos que se necesiten para cubrir el enorme déficit fiscal heredado de la era correista.
Adicionalmente ya se han bajado los dos puntos porcentuales del IVA como estaba previsto este 1 de junio y se han eliminado por completo las salvaguardias. Con estas medidas el ministerio de Finanzas ha presupuestado recibir por concepto de recursos no petroleros (impuestos) $17.713 millones aunque Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas ha proyectado solo $13,700 millones.
A pesar que la recaudación total registro un incremento del 9% entre enero y abril de este ano, es muy difícil sostener ese incremento puesto que en parte fue causada por un aumento en el gasto del Gobierno Central en la época de campana y los ingresos recibidos por el fuerte endeudamiento. ¿Cuáles serían por lo tanto las políticas económicas necesarias para alcanzar tan alta recaudación tributaria? ¿Nuevos y más altos impuestos? ¿Salvaguardia cambiaria automática? Mucho se especula, pero nada esta definido por completo.
La mejor opción sería buscar que el comercio y la inversión se reactiven de tal forma que generen los más de $3,000 millones faltantes. De ser esta la vía, se necesitaría dar grandes incentivos a la empresa privada y atraer la inversión extranjera. Dos puntos claves para lograr este objetivo serian la eliminación del Anticipo al Impuesto a la Renta que tanto ha ahogado a los comerciantes y eliminar por completo el Impuesto a la salida de Divisas (ISD) para atraer la inversión extranjera directa.
De todas maneras el resultado no fuera inmediato, los 10 años perdidos no pasan en vano y el derroche y despilfarro terminan pasando su factura. Recuperar la confianza y seguridad jurídica es uno de los mayores retos que tiene este nuevo gobierno. Necesitamos tener las reglas del juego claras para lograr una reactivación económica a corto plazo.