No obstante esos cacareos, el actual director general de la aduana desmiente ese logro y declara que se han generado dos mil millones de dólares en defraudaciones aduaneras en el mismo lapso.
Es deber de las instituciones de control públicas puntualizar quiénes son los malos actores del comercio y sancionarlos. No se pueden realizar afirmaciones generalizadas que comprometen la integridad moral de los importadores cumplidores de la legislación. Tampoco hay que perder de vista los principios de buena fe y presunción de inocencia, así como la necesidad de facilitar el comercio y eliminar trabas.
Esgrimir que el 70 % de los importadores realizan doble facturación o doble contabilidad, son acusaciones graves que deben probarse documental, pericial o testimonialmente. No pueden basarse simplemente en conjeturas de un ente de control público. Eso es peligroso y no promueve un ecosistema de negocios basado en la seguridad jurídica que requerimos para atraer la inversión y el empleo adecuado.
La técnica jurídica determina que las tasas se cobran a cambio de una contraprestación y se deben limitar al coste aproximado de los servicios prestados. Por ejemplo: cuando un conductor desea usar una autopista. En el caso de la tasa de servicio de control aduanero, la aduana ha decidido cobrar por cumplir con su obligación: combatir el contrabando.
El contrabando se desmotiva con menores tributos, evitando las restricciones comerciales, reduciendo la tramitología, controlando la corrupción y administrando la cosa pública eficientemente. Lo contrario encarece tanto los productos que las personas que los necesitan acuden a comprarlos en la ilegalidad. Ya constatamos que, gracias a las salvaguardias, los padres de familia tuvieron que viajar a Colombia y a Perú a comprar útiles escolares porque costaban la cuarta parte del precio final en Ecuador. Lo ideal es que los precios se mantengan a un nivel en el que los consumidores pueda adquirirlos formal y fácilmente.
Las naciones que fomentan en el libre comercio son las más prósperas. La historia y los índices comparativos con otros países así lo expresan. No es mi opinión. Son hechos. El Estado recaudará más si facilita el intercambio comercial con reglas claras y seguridad jurídica. Haciendo lo contrario, perdemos todos.
La falta de transparencia en la forma de cobro de la tasa dificulta el comercio, porque más allá de ser inconstitucional, evita que los importadores conozcan el valor final a pagar por las obligaciones tributarias aduaneras (la tasa se paga por gramos usando un cálculo complejo); incrementa los precios finales, reduciendo el número de compraventas y por ende, el crecimiento económico.
Ese es el camino incorrecto. Cobrar tasas de este tipo, que no son avaladas por la Organización Mundial del Comercio puede atraerle al Ecuador inconvenientes con los países con los que tenemos relaciones comerciales; además de aumentar el costo de la importación de los bienes de capital y materias primas que se requieren para producir.
La Aduana mantenía un subcomité de lucha contra el contrabando y la defraudación que en esta Administración no ha tenido nuevas convocatorias. Esta iniciativa permitía a los actores privados tener un canal directo para presentar denuncias y dar seguimiento a las acciones de control. Debería reestablecerse este trabajo, pues los principales interesados en que se declare y cancele lo justo son las empresas que cumplen todas sus obligaciones. Eso es lo correcto, no cobrar una tasa a lo bestia.