CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Defender los derechos humanos es, desde hace años, una actividad de riesgo en México: hombres y mujeres han sido asesinados por clamar justicia, buscar desaparecidos o defender sus tierras. Ahora, ni siquiera hacerlo desde las instituciones es garantía de seguridad.
El homicidio ocurrido el lunes del primer titular de una comisión estatal de derechos humanos, Silvestre de la Toba, de Baja California Sur, y el secuestro el viernes por la mañana –cuatro días después– de otro funcionario, esta vez de la comisión estatal de Jalisco, marcaron un punto de inflexión que llevaron al ombudsman nacional, Luis Raúl González Perez, a hacer saltar todas las alarmas: las entidades oficiales parecen estar también en la mira.
“Estamos consternados, estamos indignados y exigimos que haya investigaciones serias, profundas y profesionales y que se ponga a los responsables ante el juez”, subrayó el viernes González Pérez durante un viaje a Sinaloa.
Desde el homicidio de De la Toba, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha insistido en que no se puede aspirar a un Estado democrático “si cancelamos la posibilidad de respeto a los derechos humanos”. Habló, además, de mensajes “gravísimos e intimidatorios” porque, al igual que ocurre en los crímenes contra los periodistas, van más allá de la persona y su familia al afectar a toda la sociedad.
De la Toba fue asesinado junto a su hijo Fernando, de 20 años, cuando viajaban con su familia en una camioneta en la ciudad de La Paz. Los agresores abrieron fuego desde otro vehículo. Su esposa y una hija de 17 años resultaron heridas.
El funcionario de Jalisco, cuya identidad no se dio a conocer, fue privado de su libertad el viernes por la mañana, según un comunicado de la CNDH que urgió a dar con su paradero con rapidez “para evitar hechos de difícil o imposible reparación”. Según la prensa local, hombres armados le interceptaron en su vehículo cuando iba a la oficina. La CNDH también pidió que no se omita su trabajo en defensa de los derechos fundamentales como posible móvil del crimen.
No está claro quién puede estar detrás de este tipo de ataques, máxime dado los crecientes niveles de violencia que se dan en todo el país y los numerosos casos de complicidad entre autoridades y grupos del crimen organizado.
Tanto las comisiones estatales como la nacional son organismos oficiales que emiten recomendaciones no vinculantes sobre abusos de servidores públicos, incluidos policías, militares, guardas de prisiones o cualquier otro. En ocasiones, este tipo de funcionarios han sido señalados de estar vinculados a distintos grupos del crimen organizado.
González Pérez dijo que no pensaban que se llegaría a esta situación aunque reconoció que otros tres titulares de comisiones estatales, las de Tamaulipas –en el norte–, Veracruz –al este– y Guerrero –en el sur– también han sufrido amenazas. “Claro que estamos preocupados, como cualquiera lo estaría”, señaló.
Según los datos de la CNDH, desde 2016 han sido asesinados 34 defensores, cinco de ellos en 2017.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) que aglutina a 84 organizaciones de 23 estados del país, presentó en septiembre un informe en el que asegura que desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, hasta el 31 de julio de 2017, 106 defensores han sido asesinados y 81 están desaparecidos.
En opinión de González Pérez, se ha llegado a esta situación por la “indiferencia” de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia la labor de los defensores. “El mayor flagelo en la agresión de los periodistas y defensores civiles es la impunidad, el circulo vicioso de la impunidad”, sentenció.
El gobierno, incluido el presidente, ha condenado reiteradamente este tipo de asesinatos y se han comprometido con la defensa de los derechos humanos. Peña Nieto lo hizo expresamente, por ejemplo, tras el homicidio del periodista Javier Valdez en mayo y tras el de Silvestre de la Toba esta semana. En ambos casos se comprometió a que el crimen no quedara impune.
Sin embargo, las organizaciones sociales se quejan de que gran parte de las declaraciones se quedan en palabras vacías y que la justicia en la gran mayoría de los casos sigue pendiente. Además, denuncian que el mecanismo federal que se creó en 2012 para proteger a periodistas y defensores –en el que están acogidas más de 650 personas en estos momentos– es ineficaz.
El jueves, los titulares de todas las 32 comisiones estatales (una por cada estado) y el de la nacional mantuvieron una reunión de emergencia en la que pidieron un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, con los gobernadores y las procuradurías y reclamaron respuestas integrales al creciente problema de la inseguridad. Según cifras oficiales, en lo que va de 2017 han sido asesinadas más de 20.800 personas, una cifra que no se habían visto desde los años más duros de la guerra contra el crimen organizado, en 2011 y 2012.
La oficina de Naciones Unidas en México, una de las muchas entidades que condenó los recientes ataques, destacó el «rol crucial» de las instituciones nacionales y por eso instó al gobierno a «asegurar la existencia de mecanismos de protección que garanticen que quienes trabajan en ellas puedan ejercer sus funciones de una manera segura y autónoma.”
Como indicó el ombudsman nacional el miércoles, la corrupción se traduce en impunidad y las violaciones a derechos humanos también, por lo que apostó por romper el círculo vicioso de la impunidad empezando por los crímenes que, como el De la Toba, afectan “los pilares de la democracia”.
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