El Gobierno de Ecuador anunció hoy que prepara una respuesta «contundente» ante la Organización de Estados Americanos (OEA), tras una denuncia de supuesta alteración del orden constitucional presentada en ese organismo por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Así lo anunció la canciller María Fernanda Espinosa en declaraciones reproducidas por la Agencia pública de noticias Andes, en las que señaló que su despacho prepara una respuesta firme para replicar la denuncia de Correa.
Correa y el excanciller Ricardo Patiño presentaron hace algunos días ante la OEA la denuncia de posible alteración del orden democrático en el país, en un nuevo episodio de la pugna política que tiene con su sucesor y excorreligionario Lenín Moreno.
La OEA, tras recibir la denuncia, dijo que analizaría en un informe técnico jurídico la situación institucional en Ecuador.
«Ya estamos preparando una respuesta contundente en materia legal, que realmente explica la actuación del Ecuador, del Gobierno nacional, en total apego a las leyes ecuatorianas y a la Constitución de la República«, afirmó Espinosa.
La canciller criticó a su también excorreligionario Correa de haber acudido a la OEA, un organismo al que denostó fuertemente durante su Administración de una década.
«Es lamentable que durante diez años se haya denostado a la OEA, se haya cuestionado el rol del sistema interamericano de derechos humanos y ahora se acuda en una actitud de doble rasero a la OEA, pidiéndole una opinión sobre una situación interna del Ecuador y con una argumentación realmente pobre y poco consistente«, argumentó.
En la denuncia entregada por Patiño a la OEA se señala la existencia de una supuesta alteración del orden constitucional «que afecta gravemente el orden democrático» en Ecuador«, por la convocatoria a la consulta popular impulsada por el Gobierno de Moreno.
El actual mandatario también calificó en estos días como «lamentable» e insólita la actitud de su antecesor que, para Moreno, busca «lesionar su institucionalidad democrática» del país.
Rechazó la denuncia sobre la supuesta «situación de menoscabo del Estado constitucional», al interpretar varias de las siete preguntas que forman parte de la consulta popular convocada para el próximo 4 de febrero, que también interroga al pueblo sobre temas como la corrupción, la protección del medioambiente, la plusvalía y los abusos sexuales a menores de edad, entre otros. EFE