El aumento se sustentó en una fórmula que incluía la proyección de crecimiento económico del 2.04 %, que es la que el Banco Central estima para el 2018. Es decir, en base a suposiciones y no a la realidad. El papel aguanta todo.
El incremento salarial fue superior a la inflación. Hasta noviembre del año 2017 hubo una inflación acumulada del – 0.38%. Los precios están cayendo porque los consumidores tienen un poder adquisitivo reducido como resultado de las políticas económicas erradas. Para superar ese obstáculo, los comerciantes redujeron su margen.
Considerando las cifras del INEC, un hogar promedio de cuatro miembros, solo cuenta con ingresos equivalentes a 1.6 veces el salario básico para satisfacer sus necesidades básicas de consumo. En la práctica, esos ingresos no le permiten a esa familia recibir los recursos necesarios para comprar una canasta familiar básica. Hace diez años seis de cada diez ecuatorianos tenía un empleo inadecuado y hoy ocurre lo mismo.
Un aumento de once dólares es injusto tanto para los trabajadores con empleo adecuado, como para los empleadores. Para los trabajadores: porque con once dólares no mejoran su calidad de vida. Y para los empleadores porque el incremento del salario básico unificado no fue establecido en función a la productividad laboral, restándoles competitividad en los mercados.
El Estado aumenta el salario básico unificado de forma política, no técnica. Para quedar bien después de incumplir con su obligación de ayudarnos a ser más competitivos y productivos. Centrándose exclusivamente en políticas de recaudación tributaria.
Según la Heritage Foundation, somos un país reprimido. Nuestros gobernantes hacen lo posible para que no exista libre comercio. Estamos en la peor categoría, junto a Corea del Norte, Cuba, Mozambique y Venezuela, entre otras joyitas.
¿Por qué es importante estar entre los países libres para comerciar? Porque sus habitantes ganan más, mientras consumen los mejores productos del mundo a precios accesibles. A los pobladores de los países reprimidos son a los que peor nos va.
Durante décadas se ha impulsado la idea de que el empresariado y el libre comercio son malos. El resultado es que recibimos salarios bajos como consecuencia de que las funciones ejecutivas y legislativas no se han enfocado en suscribir más acuerdos de libre comercio, bajar impuestos, renegociar la ingente deuda que contrajeron y ofrecer seguridad jurídica. Actualmente se habla de incrementar los aranceles, ahuyentando la inversión hacia otros países de la región. La misma receta fracasada que viene desde los años setentas.
Administran negligentemente la cosa pública. Despilfarran. Campea la corrupción descontrolada que roba los recursos públicos. Nos exigen pagar más tributos para cubrir el hueco fiscal causado por todo esto, disminuyendo nuestro poder adquisitivo. Es hora de exigirles que cumplan con su misión de servir a la sociedad civil y no lo contrario.
Comerciar libremente con el mundo nos permitiría venderle a miles de millones de consumidores, crear fuentes de empleo de calidad y atraer la inversión privada, logrando un círculo virtuoso. Nueve de cada diez empleos provienen del sector privado. No del sector público. Sin embargo, los servidores públicos han escogido el peor camino para la mayoría de los ecuatorianos, en beneficio de una minoría representada por ellos.