Un país no puede confiar el manejo de los recursos públicos a quien se permite malversarlos descaradamente.
Con oficio del 5 de enero de 2018 el ministro reconoció que había trasladado “temporalmente” 300 millones de los fondos recaudados con base en la Ley de Solidaridad (para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016) “para evitar costos de oportunidad por el mantenimiento de recursos ociosos, y endeudamiento público para cubrir necesidades temporales de liquidez en otras cuentas”. Traducción del cantinfleo: tomó fondos de la reconstrucción para cubrir un hueco en el presupuesto.
La Ley de Solidaridad dijo bien clarito, como justificación para ser dictada, que era “necesario recaudar de forma inmediata nuevos recursos económicos que permitan afrontar los desastres naturales acaecidos en el mes de abril de 2016…”. Esa misma línea siguió en su primer artículo, cuando estableció que el propósito de las contribuciones que creaba era “enfrentar las consecuencias del terremoto”. Y para que no quepa duda del destino específico de las contribuciones obligatorias recaudadas, su disposición general tercera agregó que: “Los recursos netos obtenidos de las contribuciones… se registrarán en la cuenta específica del Presupuesto General del Estado para la construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas”.
Así que, por más piruetas verbales que haga el ministro, es legalmente impensable que un solo centavo recaudado con base en la Ley de Solidaridad pueda ser usado para cosa distinta a “la construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas”. El ministro violó la ley, distrayendo arbitrariamente fondos públicos. Esa falta no se borra con la devolución informada esta semana, como no se borra un robo con la devolución de lo robado. La malversación “temporal” igual es malversación.