Presos sin sentencias, los primeros en votar en la consulta

ARCHIVO | Foto difundida por el CNE de Ecuador.

Las personas privadas de libertad sin sentencias condenatorias ejecutoriadas comenzaron hoy a votar en centros de detención de Ecuador la consulta popular, sobre la que el resto de la población está llamada a pronunciarse este domingo.

Según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano público encargado de gestionar el desarrollo del proceso electoral, se han distribuido 74 juntas receptora de voto a escala nacional para garantizar el sufragio de 8.981 personas privadas de libertad con derecho a voto.

De acuerdo a un gráfico difundido por la misma entidad, en la región de la costa se encuentran 5.870 presos en dicha situación que podrán acudir a las urnas, mientras que en la sierra son 2.937 y en la amazonía 174.

La presidenta del CNE, Nubia Villacís, y la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, participaron hoy en Quito en un evento oficial con el que arrancó la jornada de votación en los centros penitenciarios.

El consejero del organismo Paul Salazar Vargas explicó en su cuenta de Twitter que «el escrutinio de votos lo realizará la respectiva Junta Provincial Electoral el domingo 4 de febrero, luego de que se cierren las urnas, constituyéndose su decisión ciudadana, parte del país entero».

El próximo domingo más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas en el país, y casi 400.000 en el exterior, para responder si están de acuerdo o no con siete preguntas que impulsa el Ejecutivo del presidente, Lenín Moreno.

El referéndum aborda cuestiones como la eliminación de la reelección indefinida de autoridades, la inhabilitación de los condenados por corrupción, la no prescripción de los delitos sexuales contra menores, la defensa de la naturaleza y la abolición de la ley de plusvalía.

Entre los detenidos sin sentencias condenatorias en firme figura el exvicepresidente del país Jorge Glas, en la cárcel número 4 de Quito desde octubre y condenado en diciembre a 6 años de prisión por asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. EFE

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