Los diversos grupos políticos del país reaccionaron ayer al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que quede sin efecto la pregunta 3 de la consulta popular. Asambleístas y políticos calificaron ese hecho como un intento de impedir que la voluntad de los ecuatorianos sea acatada. La CIDH, en base al pedido de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Edwin Jarrín, Sonia Vera y Tania Pauker, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordene al Estado ecuatoriano no aplicar la pregunta 3, en la cual ganó el Sí.
CREO
César Monge, director del movimiento CREO, opinó que la decisión del organismo a nadie debe sorprender pues lo que ha sucedido en la CIDH, que es un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), “responde a la influencia que tiene su secretario general, el señor Luis Almagro, quien se ha declarado admirador de Rafael Correa”. Monge adujo que hay un sesgo correísta en la resolución para tratar de impedir lo que quiere la mayoría del pueblo, “que es un cambio para que nunca más los organismos de control estén secuestrados por un gobierno”. “No quieren imparcialidad. A los partidos políticos no nos interesa tener gente adentro de esos organismos, pero queremos transparencia”, dijo Monge.
A nadie debe sorprender lo que está pasando en la CIDH, cuando un fánatico de Correa como @Almagro_OEA2015 tiene influencia en esa entidad.
Un sr que queja de la violencia en campaña contra Correa, pero en el 2017 en el Atahualpa contra Lasso no dijo nada, totalmente mudo. pic.twitter.com/00BuqCRob4— César Monge Ortega (@CesarMongeO) February 8, 2018
Partido Social Cristiano
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también mostró su contrariedad. “Quisiera pensar que un organismo internacional como la Corte va a tener la sensatez de no proceder como le han sugerido porque sería desconocer la voluntad de un pueblo además atentaría al principio de no intervencionismo”. Henry Cucalón, representante de la bancada del Partido Social Cristiano, rechazó que sea ilegítima la decisión del pueblo de cesar de sus funciones a los miembros del CPCCS. “Entre la CorteIDH y el pueblo me quedo con el pueblo”.
La actuación de la CIDH carece de fundamentos jurídicos y lógicos. La Consulta es la expresión más democrática, legal y legítima que tienen los ciudadanos en la toma de decisiones. Nada se puede interponer a la voluntad popular pic.twitter.com/9z2hBOX371
— Henry Cucalon (@henrycucalon) February 8, 2018
Es inadmisible e inaudito que el Sistema Interamericano se preste para los intereses politiqueros de los Consejeros de Participación y no el mandato popular reflejado en las urnas que ordena su cesación. Defender el resultado de la Consulta es una causa nacional imperativa pic.twitter.com/mMTW7LvGSp
— Henry Cucalon (@henrycucalon) February 8, 2018
Partido Socialista
La asambleísta del Partido Socialista, Silvia Salgado, tildó de tardías las observaciones de la CIDH. Recalcó que ya se han dado los resultados de la consulta popular y que el país no debería anteponer los criterios internacionales a la voluntad del pueblo ecuatoriano. “En la CorteIDH expondremos los derechos que tenemos como país. El gobierno responderá”. Añadió que propondrá una iniciativa para que también la Asamblea Nacional demande el respeto a la soberanía. “Vamos a seguir con la agenda y la ruta trazada. Nos corresponde seguir el mandato del pueblo, no de ninguna Comisión”.
Alianza PAIS
Daniel Mendoza, del bloque de AP-Aliados, indicó que el siguiente paso es la creación de la normativa para conformar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. “Los pronunciamientos de la CIDH son respetables pero también deben respetar la decisión de los ecuatorianos en las urnas”. Elizabeth Cabezas, también de Alianza PAIS, dijo que es el deber de los asambleístas continuar con el calendario y dar cumplimiento a la voluntad popular. Agregó que Ecuador es soberano y la decisión del pueblo es la prioridad. “Ningún organismo puede estar por encima de la voluntad de los ecuatorianos”. Para la legisladora la Corte Constitucional tuvo 20 días y agotado el plazo se entendió el visto favorable a la consulta popular.
- Fuente Diario El Telégrafo