¿Qué nomás habrá ocurrido durante estos últimos años para que el exdictador y su camarilla hayan llegado al extremo que llegaron? ¿Por qué le tienen tanto miedo a que se reestructure el Consejo de Participación Ciudadana?
Nadie cree que sea por un deseo de defender el Estado de derecho, la democracia o los derechos humanos. (Si estos individuos ignoraron estos valores durante la última década, es de ingenuos pensar que ahora sí les importaron…) Tampoco creemos que quienes presentaron la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo hicieron para defender sus cargos y sueldos. No. La razón de todo este tinglado es otra. El exdictador sabía que el Consejo de Participación Ciudadana era su principal garantía de impunidad. Después de todo, esa había sido su tarea principal por diez años. Debe recordarse que fue este organismo –con la ayuda de la Corte Constitucional– el que, entre otras cosas, permitió que el excontralor sea ilegalmente reelecto por segunda vez y que, de paso, lo calificaron con casi 100 puntos. Es decir, los defenestrados miembros del Consejo de Participación fueron piezas clave del régimen más corrupto que ha tenido el Ecuador.
La decisión de la CIDH fue lamentable y precipitada. No hay duda. Pero tampoco puede soslayarse que a ello contribuyó el escaso profesionalismo y experiencia que volvieron a demostrar ciertos funcionarios. Aunque algunos se resistan a aceptarlo, el Ecuador debe respetar las reglas que le exige su inserción en el sistema internacional. Eso lo conocen y lo practican todos los estados modernos, ya sea que los gobiernen líderes de izquierda, de derecha o de centro. Saben cómo defender sus legítimos intereses, pero respetando los límites que les imponen la normativa y convivencia internacionales. Los que se niegan a hacerlo terminan en el zoológico de los parias internacionales asumiendo un alto costo.
Conociendo la importancia que tenía la consulta, sabiendo la red de conexiones internacionales que el exdictador sembró durante los años de su reinado, así como la influencia que sigue teniendo el grupo de la ALBA en ciertos pasillos regionales, los respectivos funcionarios debieron actuar con madurez y rapidez apenas conocieron de la demanda. No se diga cuando la CIDH solicitó al Gobierno información sobre la consulta. Hasta un amateur en asuntos internacionales se habría percatado de que algo se cocinaba. No era el momento para actuar demagógicamente –como se hacía antes– sino con seriedad, dejando atrás cualquier prejuicio o lealtad ideológica y concentrándose en el Ecuador.
Como era de esperarse, la Corte Interamericana actuó apegada a derecho, a pesar de los votos salvados de dos de los tres magistrados conocidos por sus vínculos con el socialismo del siglo XXI. Por suerte, el otro no podía votar en este caso. (O)