Se envió así un pésimo mensaje a los inversores, nacionales o extranjeros, pues se dio perversa señal de que el Ecuador es tramposo y no respeta sus compromisos de largo plazo (a contratos ya celebrados se les cambió las reglas del juego ni bien iniciado el partido).
Hay que ubicar responsables: la propuesta consta en el proyecto de ley original (numerada como disposición general novena), por lo que es obvio que sus autores intelectuales fueron el memo que manejaba el área económica y sus “ociosos” secuaces, que incomprensiblemente aún merodean por ahí. El informe para primer debate de la comisión a cargo del asunto aprobó, casi con aplauso, ese texto. De entre los nueve asambleístas firmantes están los siguientes siete: Pabel Muñoz, Soledad Buendía, Juan Lloret, Esteban Melo, Wendy Macías, Carlos Bergmann y Gabriela Larreátegui, los seis primeros elegidos por Alianza PAIS. No huelga agregar que ese primitivo texto terminó convirtiéndose en ley, sin cambio alguno.
Menciono a esos siete legisladores porque ahora ellos reconocen su metedura de pata: acaban (junto con otros) de presentar un proyecto de ley “interpretativa”, para intentar sacarla. Lo hicieron el 7 de febrero, invocando que el artículo 11 de la Constitución establece [ordinal 4º] que ¨Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”, así como el tema de la seguridad jurídica (reconocida y explicada en el art. 82 de la misma Constitución). Proponen los arrepentidos que se “interprete” que la eliminación de los beneficios tributarios no es retroactiva y que se aplica solamente a los contratos posteriores al 29 de diciembre de 2017.
Enhorabuena por los metepatas arrepentidos. Pero su incumplimiento de funciones es tan evidente que debieran renunciar (y también el ministro “ocioso”). Lo dejo registrado.