Panamá (EFE).- El Parlamento ecuatoriano no será un obstáculo para que se cumpla el mandato expresado el 4 de febrero pasado en la consulta popular, y «en menos de 30 días» estarán resueltos los temas de la conformación transitoria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la derogación de la Ley de plusvalía.
«La próxima semana elegiremos al Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y con eso habremos cumplido con el mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas», declaró a Efe durante una entrevista en la capital panameña el presidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana, José Serrano.
La idea, explicó, es tener «un Consejo de Participación este año, transitorio, independiente y que fortalezca la democracia en el país, la protección del Estado ecuatoriano y de sus ciudadanos, para llegar al 2019 a elegir un Consejo definitivo a través de votación universal».
Serrano, quien participó en una reunión de la junta directiva del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que tiene sede permanente en Panamá, explicó que en la Asamblea básicamente se derogará la Ley de plusvalía y se reformará el mecanismo para elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Ese Consejo es el que designa a las autoridades de control del Ecuador, como el fiscal, contralor, miembros del Consejo de la Judicatura y Superintendentes de Comunicaciones y de Bancos, entre otros.
También se busca que esta instancia participativa trabaje en los procesos que requieren de una lucha contra la corrupción de manera mucho más contundente.
El político fue más allá y señaló que lo que se requiere de este Consejo de Participación «es que genere confianza a la ciudadanía, que proteja al Estado y no solo al Gobierno, porque proteger al Estado ecuatoriano es proteger a su sociedad y los derechos de nuestros compatriotas».
Serrano indicó que «mientras más independiente sea el Consejo de Participación Ciudadana, mejores resultados tendrá esa protección».
Por ello, destacó que lo más importante de esta consulta popular es que ha vuelto a ratificar una estructura y un mecanismo del Estado «que le permite a los ecuatorianos ya no estar al vaivén de las tronchas (tajadas) que se repartían en legislaturas anteriores».
El pasado lunes el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció 21 nombres de las siete ternas de aspirantes a integrar el Consejo y remitió los listados a la Asamblea para su posterior análisis y validación del proceso.
Los siete miembros que integren el nuevo Consejo de Participación lo harán de manera transitoria durante un año, según lo establecido en la consulta.
Moreno dijo que este Consejo estaría integrado por «personas probas» e incuestionables de la sociedad sin afiliación política, y que no serían elegidas en concurso o por méritos.
La reestructuración interina del Consejo de Participación, que es el principal órgano de regulación y control social, fue aprobada en el referendo popular del pasado 4 de febrero.
Con porcentajes que van desde el 63,08 % hasta el 73,71 %, Moreno logró el respaldo popular a las siete preguntas que planteó en el proceso, con temas relacionados con la eliminación de la reelección indefinida y la reestructuración del CPCCS.
A esas dos preguntas, se sumaron otras cinco relacionadas con la lucha contra la corrupción y la pederastia, así como la imposición de restricciones a la minería descontrolada.
Otras eran sobre la ley de plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní; algunas de las preguntas aprobadas requieren la acción del Parlamento para ejecutarse.
Serrano destacó que de las siete preguntas, cinco ya están en plena vigencia toda vez que el pasado 14 de febrero se publicaron en el Registro Oficial.
Se trata de los temas referidos a la no prescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, la muerte civil por corrupción y la no reelección indefinida, entre otras.
Serrano, por su parte, exministro del Interior (2011-2016), dijo que tras la victoria obtenida en todas las preguntas de la consulta popular hay que afianzar el trabajo en el fortalecimiento de la institucionalidad del país en ámbito de la economía, de la lucha contra la corrupción y en el social. EFE (I)
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