CIDH pide a Venezuela aceptar ayuda humanitaria y a EEUU regular uso de armas

Asistentes a la audiencia pública "Derecho a la alimentación y a la salud de Venezuela", organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), protestan contra el Gobierno de Caracas hoy, 27 de febrero de 2018, en Bogotá (Colombia). La CIDH exigió hoy al Gobierno de Venezuela que permita el ingreso de ayuda internacional humanitaria al país para superar la crisis que vive esa nación. EFE/ Juan Carlos Gomi

Bogotá, 27 feb (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «exigió» hoy a Venezuela dejar ingresar ayuda humanitaria, pidió regular el uso de armas en Estados Unidos y consideró «casi inhumano» la decisión de ese país de cancelar los programas que permitían la residencia temporal a los «soñadores».

Estas posiciones las adoptó durante la segunda jornada de audiencias públicas que hasta el próximo viernes realiza la comisión en Bogotá como parte de su 167 periodo de sesiones.

«La CIDH no solo exhorta, sino exige al estado de Venezuela que acepte la ayuda humanitaria que se ofrece porque es claro que por las razones que fuera no puede atender su deber y garantía de protección de derechos fundamentales«, aseguró el comisionado Francisco Eguiguren.

De igual forma, Eguiguren le dijo al representante del Estado Venezolano, Larry Devoe, que si el país caribeño levanta la «sanción unilateral» contra el organismo, estos visitarán el país, en el que aseguran «es clara que esa situación humanitaria grave existe».

Frente a esto, Devoe argumentó que la crisis se ha generado por las sanciones que países como EE.UU. han impuesto a funcionarios del país caribeño.

«El presidente de EE.UU. (Donald Trump) firmó una orden ejecutiva que prohíbe las negociaciones y emisiones de bonos de deuda al Gobierno y a (la petrolera estatal) PDVSA (…) Se van contra la principal fuente de ingreso de nuestro país», apuntó Devoe.

Venezuela vive una crisis humanitaria que ha llevado a sus ciudadanos a abandonar el país en busca de alimentos y medicamentos, cuyo índice de desabastecimiento durante este año es de 91,6 %, denunciaron varias organizaciones sociales durante las audiencias.

El representante del Estado Venezolano, Larry Devoe, escucha a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hoy, 27 de febrero de 2018. EFE

«Existen masivas violaciones sistemáticas a los derechos, hay escasez de medicinas importadas, poniendo en peligro 300.000 personas que dependen de organismos de salud», afirmó Francisco Valencia, quien participó como representante de la sociedad civil.

Su voz se sumó a la de Susana Raffalli, quien afirmó que la industria de la alimentación en 2018 opera a un 30 % de su capacidad.

«Hay un desabastecimiento de alimentos de 87 %, el 23,8 % de las familias del país tienen derecho a comprar una vez al mes en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y el 64 % de los adultos mayores perdieron 11 kilos en el último año», aseveró Raffalli.

Ante esto, Devoe dijo que el Gobierno «acepta que hay una dificultad para el acceso a medicinas«, aunque rechaza la ayuda humanitaria, pues para él «Venezuela tiene capacidad para comprar y proveer a su población los recursos que requiere», por lo que el país no necesita que le «regalen nada».

En una audiencia paralela, la CIDH analizó las leyes migratorias y el control de armas en EE.UU.

Al respecto, los representantes de la sociedad civil señalaron que es un problema de derechos humanos, pues más de 33.000 personas fallecen anualmente por armas de fuego, lo que supone 82 casos por día.

«La violencia por arma de fuego es un problema de derechos humanos que causa la violación sistemática del derecho a la vida, así que creemos (…) que hace falta regular correctamente su uso», afirmó la comisionada Flavia Piovesan.

Asimismo, la representante del Igarapé Institute, Katherine Aguirre, aseguró que el problema es regional, pues el 70 % de las armas incautadas en México eran de origen estadounidense y cerca de 213.000 armas de fuego cruzan cada año la frontera.

No obstante, el representante del Gobierno estadounidense James Bischoff defendió el «derecho constitucional de portar armas», que está recogido en la segunda enmienda de la Constitución, y apuntó que esto hace parte de un debate «doméstico».

Sobre EE.UU., la CIDH también analizó las nuevas políticas migratorias del país a raíz de las decisiones de Trump de cancelar varios programas que ofrecían residencia temporal a algunos inmigrantes ilegales, entre los cuales están los jóvenes conocidos como «soñadores».

La comisionada Margarette May Macaulay tachó de «casi inhumanos» estos cambios de política que dejan sin protección ante la deportación a muchos inmigrantes, algunos de los cuales llevan años viviendo en Estados Unidos.

De igual forma, el relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisión, Luis Ernesto Vargas Silva, se opuso a las medidas y reiteró que la CIDH «exhortaba» al Gobierno a garantizar sus derechos.

Sin embargo, Bischoff reivindicó el derecho del país de «excluir, omitir, expulsar y decidir qué hacer con los residentes» y trasladó a la Comisión su preocupación por la «tendencia» del organismo de «convenir asuntos locales y domésticos».

Ante esto, Vargas recordó a la delegación estadounidense que la CIDH tiene la obligación de «pronunciarse» y «fijar posiciones» cada vez que haya «una violación de derechos humanos». EFE

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