Para hacerlo existe la base legal y las evidencias suficientes. Pero no se lo ha hecho. El tribunal que condenó a Jorge Glas dispuso que se lo procese penalmente por los otros delitos que salieron a la luz durante su juicio. Pero no se lo ha hecho. El secuestro del activista Fernando Balda está siendo investigado, pero lo más probable es que no sea encausado el jefe de la mafia. La investigación por el saqueo de la intermediación petrolera debería concluir con el procesamiento al exdictador, pero, como van las cosas, no hay visos de que eso se materialice. Es más, el exdictador hasta se jactó de su impunidad el día que fue a declarar.
Ahora resulta que algunos actores claves de la dictadura correísta admiten lo que el país sabía: que el supuesto intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010 fue una farsa. Una farsa montada para defender al tirano de un posible proceso internacional por los gravísimos delitos cometidos ese día. Para ello, borraron las evidencias, montaron videos, persiguieron a policías, enjuiciaron a periodistas, extorsionaron a diarios y despilfarraron millones de dólares en publicidad, dinero que fue a parar a los bolsillos de los hermanos creacionales. No solo que reconocen que fue una farsa, sino que hay informes oficiales que lo confirman; documentos que misteriosamente sus originales no aparecen, o serían secretos.
En cualquier país todo esto habría provocado el procesamiento penal del exdictador y su pandilla. Pero no aquí. Y es que quien debería liderar estos encausamientos –el fiscal general– fue un denodado asesor y es un devoto admirador del gran responsable de estos crímenes. Es más, este señor presidió una comisión creada por el exdictador para dizque investigar el 30-S. De sus declaraciones públicas hechas luego de terminar su trabajo, se concluye su total adhesión a la farsa inventada por los correístas para cubrir las espaldas del tirano. El informe que esa comisión produjo yace hoy en una caja fuerte de la Fiscalía. Así que tampoco en lo del 30-S hay mucho que esperar, al menos por ahora.
Igual cosa sucede con la devolución de los fondos saqueados por la pandilla correísta. La posición de la Fiscalía de que es necesaria una nueva ley para incautarle a los mafiosos lo robado debe rechazarse, pues con la actual normativa es suficiente; y lo único que se lograría con derogar lo que hay y promulgar una nueva ley es que digan luego que no se puede aplicar retroactivamente.
Lo que pretendería es que nos contentemos nomás con el show de ver cómo se denuncian e insultan entre los pandilleros. Eso no es lo que exige el país. Los pilares del régimen más corrupto de nuestra historia –Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Contraloría, Comisión de Fiscalización de la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral, entre otros– deben desmantelarse y transformarse. Por allí habría que comenzar. (O)