PPK quedó en evidencia el martes, cuando su némesis, Keiko Fujimori, a quien hace menos dos años derrotó por poquísimos votos, difundió un video en que se veía a un ministro peruano negociando con un diputado fujimorista su voto en contra de la destitución del Presidente a cambio de contratos. La opinión pública estalló. Y Kuczynski renunció en las siguientes 24 horas.
El acto es inédito y totalmente discordante con lo que ocurre en América Latina en estos tiempos. En Argentina, el fiscal que iba a presentar pruebas de corrupción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, amaneció muerto, suicidado, el día de la audiencia. En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, el ministro del Interior, Pepe Serrano, acusó de un crimen horrendo al asambleísta de oposición Galo Lara, y el Fiscal Galo Chiriboga lo procesó, pese a que la Asamblea votó en contra de autorizar el enjuiciamiento. Ahí está Galo Lara, condenado a diez años, todavía preso. Lo más probable, si en el Ecuador de los tiempos de Correa hubiera ocurrido algo similar a lo de esta semana en Perú, es que la Superintendencia de Comunicación hubiera sancionado (con cualquier pretexto) a los medios que se hubieran atrevido a difundir videos similares a los entregados por Keiko. Y el propio Presidente Correa hubiera defendido al ministro argumentando de que se trataba de un acuerdo entre privados.
Lo de Venezuela ya es garciamarquiano. Desde hace una década, en Venezuela no existen ya medios de comunicación que hubieran difundido los videos exhibidos por Keiko Fujimori. El principal líder de la oposición, Leopoldo López, está preso, condenado a catorce años de prisión, acusado de ser el culpable de la muerte de decenas de manifestantes que cayeron víctima de la represión de colectivos financiados por el gobierno. Ni siquiera existe un Congreso. La función legislativa (controlada por la oposición tras su triunfo en elecciones, tal como ocurre en el Perú) ha sido reemplazada por una Asamblea Constituyente cuya mitad de sus miembros fueron escogidos a dedo.
Pero en el Perú, PPK renunció. Cierto es que los videos muestran con claridad cuando un ministro suyo prometía contratos de obras públicas a un diputado de la oposición a cambio de su voto en contra de su destitución. Algún cínico pudiera alegar que el gobierno latinoamericano que no ha comprado un diputado que tire la primera piedra, sino fuera por algo más grave aún: está comprobado que una compañía suya recibió un contrato de consultoría de Odebrecht cuando PPK era ministro de Alejandro Toledo y cuando el mismo PPK debía pronunciarse respecto a contratos con la empresa brasileña. Nada de eso niego. Ni hay aquí lugar para el cinismo.
Solo subrayo que en el Perú ningún fiscal ha amanecido muerto; ni Keiko Fujimori ha sido acusada de ningún crimen, ni peor encarcelada ni condenada; ni el gobierno ha cerrado medios de comunicación ni sancionado con onerosas multas a los que difundieron el video. Ni como ocurría cuando gobernaba el padre de Keiko, el señor Alberto Fujimori, cuando los cadáveres de los periodistas denunciantes podían aparecer en las calles con signos de tortura, o los dueños de los medios de comunicación eran sobornados con maletines de dinero para que callen (y simultáneamente grabados mientras recibían el dinero para luego ser chantajeados).
Kuczynski solo ha renunciado. Y ese simple gesto de decencia prefigura un cierto atisbo de dignidad en medio del pantano. Una cierta grandeza.