El país espera que este enjuiciamiento no sea un sainete. Hay, sin embargo, otras razones para remover al fiscal, y que el país las tiene claras. La más grave ha sido su renuencia para vincularlo judicialmente al exdictador a pesar de las evidencias que lo involucran con una serie de episodios de corrupción, episodios que superan en número a sus doctorados honoris causa. En el affaire Odebrecht, por ejemplo, desde tiempo atrás ya existen evidencias de la ejecución por su parte de actos necesarios sin los cuales no habría podido perpetrarse la serie de infracciones penales asociadas a la red de corrupción. Hasta un leguleyo podría ver que el exdictador habría sido ese factor necesario. Es decir que, sin su conducta, positiva u omisiva, tales delitos no habrían ocurrido; considerando, además, que sobre él recaía –como recae sobre toda autoridad, a diferencia de los particulares– la obligación legal de evitarlos. Pero no. El fiscal miró hacia otro lado, y el capo di tutti capi ni siquiera fue interrogado durante el procesamiento a Jorge Glas. Y cuando reclamó por los daños, los limitó a las coimas cuando el daño a la sociedad radicó en los sobreprecios.
Pero el caso Odebrecht es realmente de menor cuantía. Fue apenas un microcosmo de lo que sucedió durante la década pasada. La vista gorda de la fiscalía con respecto al exdictador abarca otros y más grandes asaltos a las arcas fiscales, los cuales no habrían ocurrido sin su conducta; una orgía de latrocinios que hoy debemos pagarla los ecuatorianos. Y es que la corrupción que nos azotó fue sistémica, institucionalizada, absoluta, una corrupción que cooptó vertical y horizontalmente a todo el aparato estatal, como pocas veces ha sucedido en Latinoamérica. No es de extrañarse, por ello, que hasta el narcotráfico echara raíces en nuestro país.
Fue un engranaje de corrupción tan grande, tan burdo –el cálculo más conservador es que se robaron 35 mil millones de dólares– que el dictador necesitó montar un sistema represivo que garantice su funcionamiento. Las piezas de este engranaje fueron un ejército de jueces, magistrados, fiscales, superintendentes, espías, auditores, hackers, publicistas, y toda una mafia presta a acosar a quienes osaban denunciar al régimen. Es por eso por lo que asombra la inactividad de la Fiscalía frente a la masa de evidencias de cómo el Consejo de la Judicatura presionaba a los jueces. O su silencio ante los asesinatos del general Gabela y del periodista Valdivieso, o la prisión de Galo Lara, o la farsa del 30-S. Y es que sin la mano cerrada en puño que impuso la más brutal represión que hayamos conocido en el Ecuador, los revolucionarios no habrían podido usar la otra mano para meterse al bolsillo los miles de millones de dólares que se metieron.
El país espera que el próximo fiscal haga algo al respecto. (O)