Cada día salen a la luz serias revelaciones que lo vinculan a él con el gigantesco saqueo de las arcas fiscales ocurrido en el país durante la pasada década. Tales evidencias son numerosas, graves y concordantes. No es tampoco por falta de leyes que el exdictador no está procesado. Los artículos 41, 42 y 43 del Código Orgánico Integral Penal son lo suficientemente claros con respecto a la participación en la comisión de infracciones en sus modalidades de autoría (directa o mediata), coautoría y complicidad. Normas legales similares se aplicaron para apresar a Lula, encausar a Cristina Kirchner o enjuiciar a Toledo. Y es que la conducta del exdictador, incluyendo sus decretos, reglamentos, órdenes y decisiones políticas, fueron el eslabón indispensable para que funcione toda una organización delictiva. Desde el regreso de Odebrecht, a solicitud de Lula, y sus posteriores asaltos, hasta el falseamiento de la deuda pública, pasando por el mecanismo de comercialización del petróleo, entre otros capítulos, todo ello no habría ocurrido sin sus decisiones, venia y conocimiento.
Si el capo di tutti capi sigue muy orondo, a pesar de haber liderado uno de los gobiernos más corruptos del planeta, es gracias al sistema judicial que tenemos, y en particular al papel que en él tiene el Consejo de la Judicatura. Pueden sus directivos gastar millones de dólares –después de todo es plata ajena– en publicidad, seminarios y cuñas radiales; pueden manipular todas las encuestas y estadísticas que quieran, pero lo cierto es que el sistema judicial que tenemos fue el más importante baluarte que tuvo el exdictador para asegurar que su pandilla llene sus bolsillos con fondos públicos, goce de impunidad y persiga despiadadamente a quienes osaran denunciarlos.
El imperio de la corrupción que se instaló en el Ecuador no habría prosperado de haber existido no solo jueces probos –y que sí los hay, pero excepcionalmente– sino un Consejo de la Judicatura profesional, independiente y de composición democrática, que se limite a ser el brazo administrativo de la Corte Nacional de Justicia –como sucede en todo el mundo–, y no el árbitro final de cómo deben los jueces sentenciar o lo que es peor, ser el brazo judicial de la Presidencia de la República dedicado a intimidar a magistrados y amañar concursos.
El sistema judicial es esencial tanto para el desarrollo económico como para la vigencia de una democracia constitucional. Trabajadores, empresarios, inversionistas, campesinos, indígenas, jóvenes profesionales, todos necesitamos de un sistema judicial confiable. Y eso no lo ha tenido el Ecuador desde fines de los 90 del pasado siglo, cuando las cortes pasaron a ser una torta que el anterior dueño del país la cortaba y la repartía desde El Cortijo hasta que la revolución ciudadana formalizó el cambio de propietario de la justicia a través del Consejo de la Judicatura.
Por eso es por lo que el exdictador sigue libre y por lo que nuestro país no prospera.
(O)