La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito pidió hoy al Senado argentino que postergue la discusión sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández para no «empañar» el debate sobre proyecto de interrupción voluntaria del embarazo del próximo miércoles.
«El Senado no ha sido lo suficientemente amigable con la voz y el reclamo de las mujeres en general (…), ha habido un clima de mucha hostilidad«, aseguró Marta Alanis, que forma parte de esta alianza de organizaciones que este lunes celebró una rueda de prensa en la sede de la Cámara Alta en Buenos Aires.
Además de criticar que impidieran a la mayoría de las personas ingresar al acto con los pañuelos verdes de la Campaña, la insignia del movimiento que reclama la legalización del aborto, denunció los «obstáculos» que, a su juicio, les ha puesto el Senado en las últimas semanas, al hacer que el proyecto fuera analizado por hasta cuatro comisiones e impedirles asistir a los debates.
«Como si fuéramos extrañas, como si fuéramos peligrosas«, afirmó la integrante de esta alianza que desde hace 13 años impulsa el proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, ya aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio.
Entre todas las «maniobras disuasorias», Alanis hizo hincapié en el hecho de que el próximo miércoles, cuando se debate la despenalización, es posible que la Cámara Alta también aborde el pedido de un juez para realizar allanamientos a Fernández, actualmente senadora, en una causa en la que se investiga si formó parte de una red de sobornos.
«Queremos entrar especialmente en que saquen esos temas para la semana siguiente porque va a empañar el debate del aborto«, aseguró antes de destacar que ese asunto tiene gran trascendencia en la política nacional y abordarlo ese día significa estar «conspirando» con el derecho de las personas gestantes a interrumpir su embarazo.
Para ella, se está «subestimando» la movilización popular, que se espera duplique a la que hubo el 13 y el 14 de junio en los alrededores de la sede del Parlamento, cuando cerca de un millón de mujeres reclamaron que la Cámara de Diputados diera el visto bueno a la norma, mientras cientos de personas del autodenominado movimiento «pro vida» pedían su rechazo.
«Estamos convencidas de que ya ganamos, que de esto no hay vuelta atrás, pero hay un destrato innecesario y hay que darle el lugar y el oxígeno necesario a este debate que nos merecemos las mujeres, que somos ni más ni menos que la mitad de la población», aseveró la también integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
Un documento realizado de manera colaborativa por la ciudadanía a iniciativa de la organización Economía Femini(s)ta refleja que, en este momento, de los 72 senadores, 37 están en contra del proyecto aprobado en la Cámara Baja y 26 a favor, mientras que 2 se abstendrían y 7 no se han pronunciado.
La cifra de legisladores que darían su visto bueno a la iniciativa asciende a 31 si esta se modifica y se reduce el plazo para interrumpir un embarazo de 14 a 12 semanas, se incorpora la objeción de conciencia y no se penaliza a los médicos que se nieguen a practicar un aborto.
«A nosotras sí nos dan los números, sabemos que esto va a ser ley«, aseguró Yamila Picasso, otra de las integrantes de la Campaña, al recordar los millones de mujeres que piden desde la calle que salga adelante la norma, que para recibir media sanción también atravesó una reñida sesión que se extendió durante casi 24 horas en la Cámara de Diputados.
Picasso criticó que, de cara a la movilización del miércoles, el Gobierno de Buenos Aires les ha concedido menos espacio que en junio porque se va a vallar toda la plaza del Congreso, lo que, en su opinión, es una «falta de sentido» y una «irresponsabilidad» por los «puntos de embudo» que sufrieron en ocasiones anteriores. EFE
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