Los autoconvocados de la localidad nicaragüense de Masaya se vieron hoy obligados a modificar una manifestación programada hace varios días en apoyo a la Iglesia Católica, debido a la represión de las fuerzas estatales que ocuparon el recorrido previsto y que cedieron a un grupo de sandinistas para efectuar su propia marcha.
La manifestación de los opositores, cuyo trayecto se improvisó para evitar los puntos donde se ubicaban las «fuerzas combinadas» del Gobierno, integradas por policías, parapolicías, paramilitares y antimotines, fue menos numerosa de lo esperado, debido a que los efectivos gubernamentales impidieron la llegada a Masaya a una caravana blanquiazul que viajaba desde Managua.
La marcha de los autoconvocados apenas llegó a reunir a unas 200 personas, mientras que la de los sandinistas contó con un grupo de unos 300 simpatizantes del régimen orteguista, escoltados por uniformados y paramilitares.
En el punto en el que los oponentes se juntaron, ambos grupos entraron en provocaciones verbales que dieron lugar a disturbios durante los cuales los antimotines persiguieron a un grupo de autoconvocados, que huyeron por una estrecha calle de la localidad sin volver a ser vistos por sus compañeros, quienes denunciaron ante los periodistas el «acoso».
«Así vienen desde el principio de la marcha, sin dejarnos expresarnos, con acoso continuo, con amenazas, con intimidaciones y aconsejándonos que no hiciéramos el recorrido que teníamos marcado«, dijo un joven masaya de apodo «Jaco» a Efe.
A la llegada de los periodistas, a la que no se le permitió acercarse a la marcha sandinista, los autoconvocados plantaron cara a las «fuerzas combinadas», con la seguridad de que «si pasa algo ahora estará grabado y fotografiado».
«¿Por qué no nos dan ahora? Vengan, estamos aquí», gritaban insistentemente un grupo de manifestantes, quienes dieron detalles de la «represión» que habían sufrido minutos antes por parte de los policías para evitar la protesta.
Nicaragua, donde fueron asesinadas entre 317 y 448 personas según diversas entidades defensoras de los derechos humanos, vive la crisis más sangrienta desde los años 1980, también bajo la presidencia de Daniel Ortega, quien tan solo reconoció 198 muertes desde el comienzo de la revueltas populares en pasado 18 de abril.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. EFE