El encuentro regional de Quito sobre la emigración venezolana concluyó hoy con una declaración de voluntad por parte de doce países participantes a seguir acogiendo emigrantes dentro de un sentido de «hermandad» y «solidaridad», pero también dentro de la «seguridad» para las sociedades receptoras.
El documento «contiene la voluntad de todos los estados participantes en seguir acogiendo con los brazos abiertos a todos los que vienen enfrentando una difícil situación en su país de origen», anunció al concluir la reunión el representante peruano, César Bustamante.
Director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Bustamante destacó que se seguirá prestando asistencia a aquellos que «buscan encontrar la acogida de nuestra comunidades, de nuestra sociedad, en términos de hermandad y solidaridad».
El encuentro, que reunió a representantes de catorce países, incluido la República Dominicana con carácter de observador, según fuentes de la Cancillería, terminó hoy en Quito con la firma de una declaración de intenciones.
El que es el primer encuentro de estas características y alcance no contó con la participación de Venezuela, pero sí de la de la Bolivia que, según la Cancillería, no ha puesto su firma al documento.
Tampoco lo ha hecho la República Dominicana por su carácter de observador.
En la sesión de cierre, Bustamante se mostró confiado en que «todos hemos cumplido con nuestra labor, todos (..) hemos aportado y nos vamos seguro de haber evaluado adecuadamente la situación, de haber diseñado líneas de acción para poder gobernar esta migración masiva hacia el sur y, finalmente, esta grave situación humanitaria».
Y destacó que la «particularidad» de que la reunión haya abordado un asunto «que involucra a seres humanos que están transitando por nuestros territorios».
La declaración también «exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales», según el texto difundido.
Y menciona entre ellas la concesión regularizada de «cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos en vista de que la carencia de tales documentos ha generado».
Se trata de una exigencia destinada a garantizar la seguridad de los emigrantes, evitar el tráfico de personas, la violencia sexual contra los emigrantes y la xenofobia, pero también destinada a garantizar la seguridad de las propias sociedades de acogida.
José Javier Samaniego, representante de ACNUR, valoró que los resultados de la reunión «constituyen una verdadera hoja de ruta» y expresó la plena disposición de su organización de «seguir trabajando con los Estados» y apoyar «las diferentes iniciativas que se han presentado en esta declaración». EFE
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