Defensoría pide investigar violación de derechos a Galo Lara

La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha sugerido al Estado una investigación sobre la supuesta violación a los derechos humanos de un exlegislador, Galo Lara, quien fue involucrado por la justicia correísta en un triple asesinato ocurrido en Quinsaloma, y fue condenado a prisión por su presunta «complicidad».

Lara, en una declaración, presentó a la prensa el informe de la Defensoría, un documento que advierte de las presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Lara, su pareja Carolina Llanos y un hermano de ella, Gilbert Llanos, fueron apresados por un triple crimen que conmocionó al país, pero han defendido su inocencia y, más bien, advertido de una supuesta persecución política durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La Defensoría del Pueblo visitó en julio pasado a los tres detenidos por el caso conocido como «Quinsaloma«, por el asesinato a tres personas en Los Ríos, y constató una supuesta confiscación de insumos médicos, limitación de contacto conyugal y afectaciones a la salud mental y física, relató hoy Lara en la rueda de prensa.

«Durante la visita a Galo Lara se verificaron excoriaciones en un tobillo por el uso desproporcionado de grilletes, así como afectaciones a su salud por la falta de sus zapatos ortopédicos«, precisa el documento.

Además, según el informe, Carolina Llanos entró al centro de detención cuando estaba embarazada, fue víctima de agresiones físicas y al no ser atendida sufrió un aborto.

Para la Defensoría, «este hecho consiste en la más grave violación a los derechos humanos detectado en las visitas, en primer lugar porque fue privada de libertad estando embarazada, hecho prohibido constitucional y legalmente, y segundo porque el Estado es responsable de la falta de protección que derivó en la pérdida del embarazo«.

El texto precisa que en el caso de Gilbert Llanos hay deficiencias de salud no atendidas y la renuencia de atender una solicitud de traslado a la ciudad portuaria de Guayaquil, por un asunto de vinculación familiar.

Marcel Feraud, del Instituto Interamericanr la Democracia, dijo durante la rueda de prensa por qué «Galo Lara fue un perseguido político y lo sigue siendo«.

Para Feraud, el informe de la Defensoría podría motivar al Consejo de la Judicatura que «decrete la nulidad del juicio al que involucraron a Lara y consecuentemente liberen a Carolina Llanos».

Lara fue condenado a diez años de prisión por supuesta complicidad en un triple crimen ocurrido en 2011; sin embargo, obtuvo la libertad por falta de pruebas que lo incriminen.

Él aseguró ser un perseguido político del Gobierno de Correa por revelar casos de corrupción contra esa administración. EFE

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