La Policía Federal desplegó hoy hoy un operativo contra una red de personas acusadas de participar en casos de corrupción para la concesión de carreteras federales en el estado de Paraná, en una nueva fase de la operación Lava Jato, el mayor caso de corrupción de Brasil, informaron fuentes oficiales.
Más de 400 agentes de la Policía, de la Fiscalía y del Fisco cumplieron este miércoles 19 mandatos de prisión y 73 de búsqueda y aprehensión, en los estados de Paraná, Santa Catarina, Río de Janeiro y Sao Paulo.
El operativo, que hace parte de una nueva fase de la operación Lava Jato, tuvo como objetivo ubicar a políticos, agentes públicos, empresarios y operadores financieros relacionados con procesos de concesión de carreteras federales en el estado de Paraná que forman parte del llamado Anillo de la Integración.
De acuerdo con las investigaciones, se trata de «núcleos específicos y organizados que actuaban de forma criminal para explotar y obtener beneficios indebidos a partir de los contratos de concesión de carreteras federales en Paraná», según comunicado de la Policía Federal.
El primer núcleo estaba compuesto por altos funcionarios del Gobierno de Paraná que ejercían influencia política y legislaban en beneficio de las concesionarias.
El segundo estaba compuesto por agentes públicos que tenían una estrecha relación con las empresas contratadas a quienes ayudaban con la elaboración de contratos fraudulentos para crear un supuesto desequilibrio económico-financiero en favor de las concesionarias.
Este grupo también se encargaba de realizar las auditorías de las obras para poder obtener aún más beneficios financieros a través de sobornos.
El núcleo empresarial estaba compuesto por funcionarios y directivos de las concesionarias, que se organizaban para repartir el pago de los sobornos, proponer contratos a su favor en las licitaciones y en la prestación de servicios ficticios con otras compañías, algunas de ellas seleccionadas por el propio Gobierno, para ocultar los pagos de los sobornos.
Por último, el núcleo de operadores financieros estaba compuesto por personas vinculadas a los empresarios, tanto de las concesionarias como de las empresas contratadas para la prestación de servicios, que se encargaban de mover los valores en metálico, realizar depósitos y entregar el dinero.
Según declaraciones de colaboradores a la Justicia, la red comenzó en 1999 con sobornos realizados a cambio de la «buena voluntad» de los organismos, los cuales duraron hasta finales de 2015. Esos pagos habrían sumado unos 35 millones de reales (unos 8,4 millones de dólares), según informó la Fiscalía.
Los investigados responderán por los crímenes de corrupción activa, corrupción pasiva, fraude a licitaciones, lavado de dinero y asociación criminal, entre otros. EFE
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