La Haya rechaza que Chile deba negociar una salida al mar para Bolivia

El presidente de Chile, Sebastián Piñera (i), y el canciller chileno, Roberto ampuerto (d), saludan a los periodistas hoy, lunes 1 de octubre de 2018, después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronunciara a favor del país austral sobre la demanda presentada por Bolivia para obtener un acceso al mar, en Santiago de Chile (Chile). Piñera afirmó hoy que la Corte de La Haya "ha hecho justicia" al rechazar la demanda marítima de Bolivia y tendió una mano al Gobierno de Evo Morales para colaborar y dialogar en los temas de interés bilateral. EFE/Alberto Valdés

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó hoy por 12 votos a favor y 3 en contra que Chile esté obligada jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtenga salida al mar mediante un acceso soberano al océano Pacífico.

Los jueces decidieron, por la misma diferencia de votos, rechazar las peticiones de Bolivia, que había pedido que se declarase que Chile había incumplido en el pasado esa obligación de negociar.

La CIJ concluyó que las notas, actas y diferentes declaraciones entre ambos países a lo largo del siglo XX y principios del XXI implican que ha existido una intención de negociar por parte de Chile, pero ello no significa que este país haya adquirido una obligación jurídica.

La tesis de Bolivia de que todas esas declaraciones fuesen acumulativas también fue rechazada por la CIJ.

Los magistrados igualmente desestimaron el argumento de La Paz de que los diferentes contactos entre las partes le habrían generado «expectaciones legítimas», pues éstas sólo deben ser consideradas en «laudos arbitrales entre un inversor privado y un Estado», pero no en un juicio entre Estados.

Asimismo, añadió que las diferentes resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) conminando a ambos países a sentarse a negociar «no constituyen una base legal para establecer una obligación a negociar», rechazando otro de los argumentos de Bolivia.

No obstante, los magistrados agregaron en sus conclusiones generales que la decisión tomada hoy «no debe impedir que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad».

Dicho diálogo abordaría «los asuntos relacionados con el enclaustramiento de Bolivia«, una solución para la cual «ambos han reconocido que es un asunto de interés mutuo».

Estas palabras fueron resaltadas por el presidente de Bolivia, Evo Morales, que minutos después del fallo dijo desde las escalinatas de la CIJ que el tribunal «entiende perfectamente que hay un tema pendiente entre Bolivia y Chile».

El mandatario reconoció que el tribunal de La Haya no ordenó a Chile a sentarse a negociar, pero se felicitó de que los jueces hicieran «una invocación a seguir continuando con el diálogo», algo que interesa «no solamente a estos dos países», sino a «la región».

«Sabe el pueblo boliviano y los pueblos del mundo» que Bolivia perdió el acceso soberano al Pacífico «mediante una invasión», dijo Morales, en alusión a la Guerra del Pacífico a finales del siglo XIX, que supuso para este país la pérdida del litoral que disfrutaba cuando se formó como Estado.

Morales abandonó luego el Palacio de la Paz, sede de la CIJ, mientras a escasos metros un grupo de ciudadanos bolivianos ataviados con banderas gritaban «¡La lucha continúa!».

El agente de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, mostró minutos antes un tono más optimista y dijo que el fallo es «un gran triunfo para el derecho internacional».

Se felicitó de que todos los argumentos de Bolivia fuesen rechazados «de una manera muy rigurosa» por los jueces, desde «el efecto que producen los derechos expectaticios» a «las resoluciones de la Organización de Estados Americanos», dos de las tesis mencionadas por Bolivia durante el juicio.

«La CIJ hoy ha señalado con gran claridad que hay que hacer una gran distinción entre la política y el derecho. Eso es esencial para la manutención de las relaciones entre los Estados», dijo Grossman.

Según el agente chileno, el fallo de la CIJ es importante porque «estaba en juego la legitimidad del derecho en la solución de las disputas» y reafirma «el rol que la corte juega como el tribunal máximo cuya función es precisamente decidir la disputas» entre los países.

La sentencia de hoy es inapelable y de obligado cumplimiento, por lo que supone el último episodio del camino judicial comenzado por Bolivia en 2013.

EFE

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