El presidente de Perú, Martín Vizcarra, volvió a descartar este martes que la empresa C y M Vizcarra, de la cual fue accionista hasta que asumió su mandato, haya tenido como cliente a la constructora brasileña Odebrecht, y exhortó a que lo investiguen.
Respecto a una investigación difundida este domingo por el programa Panorama, donde se acusa al mandatario de haber sido «impreciso» al negar que su empresa fue proveedora de Odebrecht, y que, por el contrario, sí contrató con el consorcio Conirsa, integrado por Odebrecht y otras empresas, el mandatario incidió en que la pregunta fue específica sobre Odebrecht.
«Nunca he negado que cuando era parte de la empresa C y M Vizcarra se dieron servicios a algunas empresas que construyeron la (carretera) Interoceánica Sur», dijo este martes el jefe de Estado a la prensa.
Explicó que su empresa dio los servicios a Conirsa entre 2006 y 2008, «cuando no tenía ningún cargo público», y que entonces era «otra empresa, que tiene otro representante legal, otro RUC (razón fiscal)».
«Hemos trabajado para otras empresas en la Interoceánica Sur, (tal) como otros proveedores», agregó.
En la víspera, el portavoz del partido fujimorista Fuerza Popular, Carlos Tubino, no descartó que su bancada presente alguna iniciativa de investigación al mandatario.
«Es un tema que vamos a ver en reunión de bancada, por supuesto. Pero mínimo estamos frente a una falta de transparencia. En la respuesta que ha dado el presidente, lo mínimo que estamos viendo es que no ha sido transparente y yo creo que la población peruana nos pide a todos los políticos cero corrupción y máxima transparencia», agregó.
La carretera Interoceánica Sur atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil, y fue una obra licitada durante el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Precisamente, Toledo es investigado por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecerla en la licitación de varios tramos de la Interoceánica sur, a través del consorcio Conirsa.
El exmandatario, quien reside en Estados Unidos, es imputado por los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos, por lo que la Justicia peruana ha solicitado su extradición para que cumpla una orden de prisión preventiva por 18 meses. EFE